San Luis Potosí SLP.- El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXI Legislatura, diputado Sergio Desfassiux Cabello, exhortó a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado (SCT), para que se apliquen verificaciones en las unidades que brindan el servicio de transporte escolar, el fin es prevenir cualquier situación que pongan en riesgo la integridad de los menores que son trasladados a distintos planteles educativos.
El legislador aseguró que afortunadamente en San Luis Potosí el transporte escolar se encuentra debidamente regulado en lo que corresponde a la Ley en la materia.
Sin embargo, consideró que es necesario aplicar constantemente revisiones de parte del personal de inspección de la SCT, con el fin de detectar las unidades que operan de manera irregular.
Dijo que no se puede descartar que en la prestación de este servicio exista el “pirataje”, por ello, insistió en señalar que es responsabilidad de la SCT, trabajar de manera permanente en la aplicación de diversos operativos, considerando que es prioritario revisar todo aquella unidad de transporte escolar.
Precisó que el transporte escolar se encuentra reglamentado para garantizar un servicio eficiente y seguro a los estudiantes, entre los requisitos que deben cumplir se encuentran: las unidades no pueden tener una antigüedad mayor a los 10 años, los conductores están debidamente registrados, e incluso se verifica sobre el número de asientos de los vehículos, así como las condiciones en que deben operar para evitar cualquier accidente que ponga en riesgo la integridad de los niños.
Sobre la posibilidad de que operan unidades de transporte escolar sin contar con los permisos correspondientes de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, el legislador reconoció que siempre existirá esta posibilidad, tomando en cuenta que el “pirataje” se presenta en las distintas modalidades del transporte público.
Sin embargo, “existe la confianza de que las autoridades estatales, sigan trabajando para evitar este tipo de prácticas que representan una competencia desleal para quienes cuentan con todos los permisos para brindar este servicio y no garantizar la seguridad a los usuarios”.
