Ciudad de México— Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) aceptar las pruebas presentadas por las víctimas de espionaje a través del programa Pegasus y que se había negado a admitir.
A través de este programa vendido por la empresa israelí NSO Group únicamente a entidades gubernamentales, se espió hace más de un año a activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y periodistas, así como a políticos de Oposición.
En un comunicado de organizaciones que representan a la mayoría de las víctimas, se detalla que el 20 de febrero pasado la PGR se negó a procesar pruebas que le entregaron, por lo que presentaron el recurso de impugnación 19/2018.
Al resolver el recurso el pasado 21 de mayo, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México consideró que las pruebas son conducentes para el desarrollo de la investigación, y ordenó a la autoridad su admisión.
“A partir de esta resolución, la PGR deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron”, exponen en el comunicado las organizaciones como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Centro Prodh.
“(En la audiencia) se constató nuevamente que el software Pegasus, comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia”.
Según la información difundida, en la denuncia radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, las víctimas han ofrecido aproximadamente 70 pruebas, de las cuales la PGR sólo ha desahogado cerca de 9 y otras 49 fueron rechazadas expresamente, incluidas las que fueron materia de la impugnación.
“La negativa a desahogar dichas pruebas, muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía”, exponen en el comunicado también firmado por las organizaciones Social Tic, El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“Desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional”.
Un juez ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) aceptar las pruebas presentadas por las víctimas de espionaje a través del programa Pegasus y que se había negado a admitir.
A través de este programa vendido por la empresa israelí NSO Group únicamente a entidades gubernamentales, se espió hace más de un año a activistas anticorrupción, defensores de derechos humanos y periodistas, así como a políticos de Oposición.
En un comunicado de organizaciones que representan a la mayoría de las víctimas, se detalla que el 20 de febrero pasado la PGR se negó a procesar pruebas que le entregaron, por lo que presentaron el recurso de impugnación 19/2018.
Al resolver el recurso el pasado 21 de mayo, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México consideró que las pruebas son conducentes para el desarrollo de la investigación, y ordenó a la autoridad su admisión.
“A partir de esta resolución, la PGR deberá pedir información a distintas instancias gubernamentales y recabar información relacionada con la contratación del sistema y de quiénes intervinieron”, exponen en el comunicado las organizaciones como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y el Centro Prodh.
“(En la audiencia) se constató nuevamente que el software Pegasus, comercializado por NSO a gobiernos, fue adquirido al menos por la Agencia de Investigación Criminal de PGR, por lo que el juez señaló que la línea de investigación debe centrarse en su adquisición y posterior uso ilegal por parte de esta instancia”.
Según la información difundida, en la denuncia radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017, las víctimas han ofrecido aproximadamente 70 pruebas, de las cuales la PGR sólo ha desahogado cerca de 9 y otras 49 fueron rechazadas expresamente, incluidas las que fueron materia de la impugnación.
“La negativa a desahogar dichas pruebas, muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR en la investigación de Gobierno Espía”, exponen en el comunicado también firmado por las organizaciones Social Tic, El Poder del Consumidor, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
“Desde el momento en el que se presentó la denuncia, las víctimas del espionaje advertíamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a sí misma, por lo que se exigió la incorporación de la intervención de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia técnica internacional”.
Fuente: diario.mx
