Un tribunal federal ordenó por primera vez la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para esclarecer los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, deb ido a los errores cometidos por la Procuraduría General de la República (PGR) en la investigación sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito concluyó que la investigación realizada por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no fue “pronta, efectiva, independiente ni tampoco imparcial”.
Los magistrados determinaron que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en el caso fueron obtenidas mediante tortura. Además, se ordenó la investigación de la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, porque señalaron que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente.
“La comisión se conformará por los representantes de las víctimas [familiares de los estudiantes desaparecidos], la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Ministerio Público de la Federación”, sentenciaron.
De igual forma, “los miembro del Ministerio Público de la Federación, los Fiscales y personal de la Procuraduría General de la República, que pasen a formar parte de la comisión investigadora, deberán ser distintos a los que han participado previamente en el caso”.
La comisión deberá quedar integrada en un plazo no mayor a diez días naturales y todo oficio o determinación que se emita estará sujeta al aval de los representantes de las víctimas y de la CNDH quienes determinarán las líneas de investigación y pruebas a practicarse.
“Los miembros de la comisión tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.
Los magistrados ordenaron que para la práctica de pruebas periciales en toda la investigación y búsqueda de los estudiantes desaparecidos deberá preferirse la designación de especialistas independientes.
“Por regla general, habrá de prescindirse de los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República”, precisaron.
Los magistrados ordenaron la reposición del procedimiento para que se aplique el Protocolo de Estambul a 15 de los 34 coinculpados en el caso, esto según los amparos concedidos a cuatro quejosos entre los que destacan, Miguel Ángel Landa Bahena El Chequel o Duvalín, presunto integrante de Guerreros Unidos y Gildardo López Astudillo El cabo Gil, identificado como lugarteniente de dicha organización y supuesto autor de la orden de atacar, matar y desaparecer a los 43 normalistas de Iguala.
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