Académicos y organizaciones civiles en México lanzaron una campaña para evitar la privatización del agua, luego de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó una serie de decretos en los cuales se quita una veda que existía sobre varios acuíferos, de los cuales dependen millones de personas.
Una acusación que el gobierno mexicano ha desmentido. “Es falso que se intente la privatización. Es exactamente todo lo contrario: se garantiza, para el Estado mexicano, que exista suministro de agua para las futuras generaciones”, afirmó Eduardo Sánchez, vocero de la oficina de la Presidencia de la República.
Sin embargo, un grupo de académicos y organizaciones civiles expertos en temas de manejo y gestión del agua, sostienen que los decretos firmados por el presidente abren la puerta a que los gobernadores puedan otorgar concesiones a mineras y otras empresas extractivas para utilizar el agua con fines mercantiles, a través de prácticas altamente contaminantes como la fractura hidráulica o ‘fracking’, utilizada para extraer gas del subsuelo.
El riesgo de privatización
“El 5 junio, Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos que levantan vedas, extinguen derechos de núcleos agrarios y ponen enormes volúmenes de aguas nacionales en manos de gobernadores. Urge abrogar estos decretos antes de que empiecen a otorgar megaconcesiones a empresas energéticas y mineras”, señala una convocatoria para recolección de firmas publicada lanzada por la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s.
De acuerdo con el colectivo que reúne a académicos y organizaciones sociales preocupadas por el manejo del agua en México, el decreto de Peña Nieto representa un nuevo intento por otorgar el control de las aguas nacionales a empresas privadas en detrimento de comunidades y poblaciones que han sido despojadas del vital líquido.
“El gobierno de Peña Nieto quiere el agua para el lucro, para los negocios de las grandes corporaciones”, señala el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Pedro Moctezuma Baragán en entrevista con RT.
“Estos decretos se presentan en el día Mundial del Medio Ambiente con la intención de crear reservas de agua, pero en realidad mezclan el agua con el aceite, porque justo con las reservas, de manera muy importante, levantan una veda de protección y abren el agua al sistema de concesiones para uso público-urbano y otros usos como la generación de energía eléctrica”, sostiene el experto en temas hídricos e integrante de la coalición Agua para Todos.
“En primer lugar, abre las puertas a los gobernadores de los estados para realizar asociaciones público-privadas que ya se han empezado a dar con resultados muy negativos en Puebla, Torreón, Veracruz, Coahuila o Baja California”, añade.
En Puebla, por ejemplo, la privatización del servicio de agua potable y saneamiento ha desatado una serie de protestas de distintos sectores sociales debido a la falta de acceso y encarecimiento del servicio. Una situación que provocó que municipios de la entidad interpusieran más de 16 controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir la privatización impulsada por el exgobernador poblano, Rafael Moreno Valle.
“Con estos esquemas se elevan las tarifas, en un 300% en el caso de Puebla, 800% en el caso de Saltillo. Se pierde la infraestructura que las comunidades han venido construyendo, para pasar a ser patrimonio de compañías internacionales que lucran con el líquido, se despide a los trabajadores del agua, baja la calidad del servicio y se desvía el agua a zonas con más posibilidades de lucro”, añade Moctezuma.
“En el mundo, 235 ciudades que habían privatizado el agua ya abandonaron ese esquema y la remunicipalizaron. Por eso llegaron como zopilotes a México estas compañías que incluso fueron expulsadas de lugares como París“, señala el experto de la UAM en torno a las empresas como Veolia y Suez.
Las guerras del agua
Pero para algunos investigadores, el fenómeno de la privatización del agua está vinculado a un modelo de desarrollo
Un tema que, en buena medida, ha sido propiciado por el crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria, como la que ha ocurrido en los últimos años en lugares como la Ciudad de México, lugar donde la escasez de agua genera tensiones año con año.
“En la Ciudad de México hemos tenido un proceso de especulación inmobiliaria nunca antes visto, al menos en varias décadas. Y esto hay que pensarlo muy bien, porque por un lado se está viendo un gran negocio que genera rentas para algunos, pero necesitamos llevar ahora más agua a ciertos puntos. Están tirando casas donde vivían 4 personas para construir torres donde ahora viven 200”, señala Gian Carlo Delgado, experto en economía ambiental, durante una entrevista con el programa de radio Primer Movimiento.
“Se privatizan ganancias y se socializan costos“, añade Delgado, académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pero la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento no es el único problema que se enfrenta en México.
En otras regiones como la ciudad de Mexicali, al norte del país, la población incluso ha librado varias batallas contra la instalación de una empresa cervecera propiedad de Constellation Brands que, apoyada por el gobierno, busca apropiarse de la poca agua disponible en una zona desértica, mientras muchas comunidades de la región tienen problemas para acceder al vital líquido.
De ahí que Moctezuma Barragán considera que la actual administración federal ha “inhibido” el debate público para una Ley General de Aguas, la cual no se ha podido aprobar debido a los intentos de “mercantilizar” y privatizar el agua, tal como ocurrió con la llamada Ley Korenfeld que fue detenida en el Congreso a mediados del gobierno de Peña Nieto, ante la fuerte presión de organizaciones sociales.
Un tema de gran importancia que, sin embargo, no ha merecido la atención de los candidatos que se disputan actualmente la presidencia de México, según explica el académico.
“Sentimos que involuntariamente Peña Nieto está poniendo luz sobre el tema del agua, que los candidatos y partidos han ignorado a lo largo de las campañas. Parece mentira que una cuestión tan vital haya pasado de noche incluso en el último debate que tenía como materia la cuestión de medio ambiente”, acusa Moctezuma Barragán en entrevista telefónica.
La crisis del agua en cifras
Datos oficiales recopilados en un informe reciente de la UNAM, titulado ‘Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos’ arroja algunas cifras que preocupan a los expertos.
La disponibilidad de agua renovable por habitante en México se redujo en 2015 a 3.338 metros cúbicos al año, cuando en 1950 la disponibilidad por habitante era de 18.035 metros cúbicos al año. Es decir, una reducción de 81% en los últimos 65 años.
En este sentido, 9,08 millones de habitantes no tienen acceso a agua segura para su salud. Asimismo, 1,5 millones de indígenas no tiene servicio de agua entubada en la vivienda y 3,2 millones carecen de drenaje.
Además, el 54% de las aguas negras se descargan en ríos o arroyos, mientras que sólo se sanea el 35,36% de aguas residuales.
Una situación que explica que el 70% de los ríos, lagos y presas en México tienen algún grado de contaminación.
Un escenario preocupante si se añade además, que la cifra de acuíferos sobreexplotados ha aumentado de manera significativa en los últimos tres años.
Actualmente México cuenta con 144 acuíferos sobreexplotados de los 653 que existen en el país, es decir, una quinta parte (22%).
No se privatiza el agua, asegura el gobierno
Pero a pesar de las críticas, el gobierno mexicano asegura que el decreto firmado por el presidente Peña Nieto no privatiza el agua.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Comisión Nacional del Agua a raíz de la polémica, los 10 Decretos de Reserva de agua publicados el pasado 6 de junio en el Diario Oficial de la Federación “de ninguna forma otorgan beneficios para ningún particular, por el contrario, permitirán preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes que aún no nacen, en una proyección a 50 años”.
Decretos de reserva de agua NO privatizan el agua. Garantizan el agua para el consumo humano de generaciones futuras de mexicanos y para preservar el medio ambiente https://t.co/lUwTsmxCox
— Conagua (@conagua_mx) 18 de junio de 2018
Con estos decretos, 295 de las 757 cuencas del país “habrán de preservar sus ecosistemas en las condiciones que hoy conocemos, gracias a que se garantiza el escurrimiento de agua en los ríos para tal fin”.
“Para decretar la reserva, se realizó un largo proceso donde participaron diferentes actores sociales, representados en los Consejos de Cuenca para poder hacer uso de la disponibilidad de agua ya existente en las cuencas involucradas y destinarla exclusivamente para la población y preservación del medio ambiente, como se establece en los decretos”, añadió la Conagua.
“En conclusión, las reservas de agua decretadas buscan que el agua disponible en las cuencas se guarde para las futuras generaciones y para el cuidado del medio ambiente”, señaló el gobierno.
Una medida que contó con el respaldo de instituciones como el International Water Resources Association, World Resources Institute y el World Wild Fund (WWF), que defendió la medida a través de redes.
“Las reservas de agua no representan de ninguna manera la privatización del recurso, ni la extinción de ningún derecho al uso del agua vigente. Por el contrario, establecen claramente volúmenes de agua que deberán quedar intactos para la biodiversidad, lo que redundará en beneficio de todos, empezando por las comunidades rurales e indígenas”, señaló la organización conservacionista WWF.
Leyes anacrónicas y poca información
Pero a pesar de las explicaciones del gobierno mexicano y las organizaciones impulsoras de las reservas de agua, algunos expertos se muestran escépticos de que tales medidas logren un beneficio real para las comunidades.
Sobre todo, tomando en cuenta el marco jurídico obsoleto y las imprecisa información técnica con las que cuenta el país a la hora de tomar decisiones en torno a la gestión del agua.
Para la académica María del Carmen Carmona Lara, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, uno de los principales problemas en torno a la legislación del agua en México tiene que ver con el andamiaje jurídico que se construyó tras la instauración del modelo económico neoliberal.
“En el caso mexicano, la Ley de Aguas Nacionales ha tenido una serie de inconformidades cuando ha querido reformarse, porque desde 1992, el régimen jurídico del agua en México se adaptó a un momento que fue la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, señaló la experta en una conferencia de prensa para explicar las implicaciones del decreto firmado por Peña Nieto.
Aunque la académica considera que el decreto publicado en junio por el presidente no representa un riesgo tan grande como el publicado el 23 de marzo pasado, el cual pasó desapercibido en medios y en el cual se establecen “facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas”, considera que decretar reservas de agua dado el actual marco normativo resulta una medida ineficaz.
“A estas alturas estamos hablando de decretar reservas de agua total y absolutamente contaminadas”, señala Carmona.
“Estamos reservando el agua cuando ya la ensuciamos y ahí tendríamos que ver cómo vamos a limpiar y preservar esa agua destinada al ambiente, porque en esa calidad, es nada más un paliativo que se oye muy bien en el decreto pero no tiene consistencia para el futuro”, explica la experta en derecho ambiental.
La investigadora señala que el marco jurídico para la regulación del agua está basada en principios técnicos de hace más de un siglo, debido a que los términos en que se escribió la Constitución mexicana en 1917 no ha sido actualizado.
“Nuestro régimen de aguas está manejado como si todavía manejáramos el agua con cubetas o canales. No pasó el siglo XX por la regulación del agua para establecer una serie de situaciones que se tienen que dar para ser distributivos de manera equitativa”, dice Carmona.
Una situación que también ocurre en los procesos técnicos que han impedido contar con información confiable a la hora de gestionar las cuencas hidrológicas de manera adecuada.
“Eso de privatizar el agua es una simple cortina de humo para cubrir deficiencias (en el manejo del agua) y evitar que se comenten”, señala Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM y uno de los mayores expertos del país en materia de agua subterránea.
En este sentido, Carrillo considera que las vedas sin estudios científicos, sin precisiones técnicas como la evaporación del agua, a la hora de medir las extracciones y el equilibrio ecológico de las cuencas, buscan ocultar las deficiencias que durante años ha arrastrado la Comisión Nacional del Agua a la hora de administrar el vital líquido.
“Han habido definiciones inexactas de los procesos que están afectando a las aguas nacionales”, señala Carrillo.
“Como esto no ha quedado claro, la gestión del agua está incompleta”, concluye el experto, quien considera que para una adecuada administración del agua requiere un detallado conocimiento científico sobre lo que realmente está ocurriendo en el subsuelo.
Un manejo inadecuado que podría seguir generando importantes afectaciones en el medio ambiente y generando conflictos sociales en México por el acceso al vital líquido.
Fuente: actualidad.rt.com
