Entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2018, las entidades federativas han aplicado descuentos a 69 mil maestros de educación básica que por razones injustificadas dejaron de asistir a cumplir con sus labores docentes y administrativas.
La Dirección General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa Federalizada (DGSANEF), de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), detalló que los descuentos aplicados equivalen a 46 millones 300 mil pesos.
De acuerdo con la información enviada a la dependencia federal, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz fueron las entidades que acumularon el mayor número de faltas injustificadas de profesores a las aulas.
En un comunicado, indicó que Chiapas encabeza la lista de los estados con la mayor cantidad de maestros con faltas injustificadas, con 14 mil 203 docentes, seguido de Oaxaca, con 11 mil 220 profesores.
La SEP recordó que, de acuerdo con la normatividad vigente, las administraciones estatales son las titulares de la relación laboral con los docentes federalizados pertenecientes a educación básica.
En ese sentido, están obligadas a comunicar a la dependencia federal, cada quincena, los datos de los trabajadores docentes que de manera injustificada incumplieron con el desempeño de la función educativa, “en virtud de que la SEP paga por cuenta y orden de los estados”.
Puntualizó que los artículos 26 de Ley de Coordinación Fiscal, y 75 de la Ley General de Educación, establecen que “… no proporcionar información veraz y oportuna” relacionada con la función docente a efecto de garantizar el pago de la nómina educativa, es una infracción que podrá ser sancionada tanto administrativa como económicamente.
Refirió que las “disposiciones específicas que deberán observar las entidades federativas para registrar cada nómina” precisan en su numeral 62 que las autoridades educativas locales son las únicas responsables de la información que sobre este particular presenten a la SEP de manera veraz, verificable, exacta y transparente.
“La SEP estará muy atenta a la observación de las anteriores disposiciones y, en su caso, a informar a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y demás órganos fiscalizadores federales y estatales sobre su posible incumplimiento”, detalló.
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