Un juez federal absolvió a Sidronio “N”, identificado como presunto líder de “Guerreros Unidos”, del delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército porque sus declaraciones fueron obtenidas mediante tortura.
A pesar de la absolución, no quedará libre porque aún tiene pendiente otro proceso penal por delincuencia organizada.
El juez Segundo de Distrito de procesos Penales Federales en el Estado de México consideró que la detención de Sidronio “N” fue ilegal y que los primeros interrogatorios en los que describió los hechos que culminaron con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no tienen valor probatorio porque es posible que la Procuraduría General de la República los obtuvo con tortura.
“Se absuelve a Sidronio ‘N’ o Santiago ‘N’, del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea”, dictó el juez.
Esta no es la primera vez que en el Caso Iguala una autoridad considera que existió tortura para obtener las confesiones de los imputados.
El pasado 4 de junio el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito ordenó reponer el procedimiento a 4 imputados más debido a que existen indicios de que fueron torturados.
Por ello, requirió al juez Primero de Procesos Penales Federales en Tamaulipas que deje insubsistente todo lo actuado en la causa penal desde la emisión de la declaración de los quejosos hasta que la PGR realice un dictamen pericial independiente con base en el “Protocolo de Estambul” para saber si efectivamente hubo tortura.
Los magistrados también ordenaron iniciar investigaciones contra las autoridades de los tres órdenes de gobierno que pudieron participar en las detenciones extrajudiciales, tortura y alteración de evidencias en el Caso Iguala.
La sentencia del Colegiado ha sido motivo de diversos debates porque ordenó, por primera vez, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar qué pasó con los normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, pues los magistrados consideraron que en México no existe una fiscalía independiente que garantice que la investigación se realizará con el único objetivo de esclarecer los hechos.
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