La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a que “asuma como urgente la atención” al esclarecimiento de 12 casos, como la desaparición de los estudiantes en Iguala y las agresiones en Tanhuato y Tlatlaya.
El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, entregó la Agenda Básica de Derechos Humanos a la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien expresó disposición para seguir las recomendaciones y “para hacer del cumplimiento y aplicación de la ley, aunado al reconocimiento y respeto de los derechos humanos, las pautas que orienten las acciones de gobierno en la próxima administración”.
La CNDH afirmó que en “este entorno de inseguridad, violencia e impunidad es una expresión clara de que el Estado ha fracasado en la protección de la vida e integridad de los mexicanos”.
Añadió que “nuestro país requiere seguridad, pero no a cualquier costo. La que necesitamos es la que corresponda a un Estado democrático, sustentada en el respeto a los derechos humanos, así como en el cumplimiento de la ley”.
En la agenda se definen 140 puntos en materia de derechos humanos. En ella se pide que se “asuma como urgente la atención” de lo incluido en un decálogo de compromisos básicos. El primer punto del mismo solicita que se concluyan las investigaciones de los casos Iguala, Tanhuato, Nochixtlán, Apatzingán, Tlatlaya, Tierra Blanca, Papantla, Cadereyta, Sonora, Allende, San Fernando, Chilpancingo y Ocoyucan.
El segundo pide que se redefina la estrategia de seguridad pública para que sea ejercida por autoridades civiles y que las Fuerzas Armadas regresen a sus funciones. El tercero demanda que se implementen el Sistema Nacional Anticorrupción y las fiscalías autónomas. Los puntos cuatro y cinco exhortan a que se esclarezcan los delitos de desaparición forzada y tortura, y se establezcan mecanismos de verificación.
Los homicidios y agresiones contra periodistas están en los puntos seis y siete; al respecto, se pide que se concluyan las indagatorias y que se replanteen los mecanismos de protección.
Los puntos ocho y nueve exigen que se aclaren los feminicidios y que se fortalezcan los mecanismos de alerta de género.
El último plantea que se hagan adecuaciones para garantizar la autonomía de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, y que se asegure que tengan los recursos y capacidades necesarias.
El organismo destacó que “el combate a la impunidad y a la corrupción requiere atención urgente a los elementos que inciden negativamente en la legalidad, la seguridad, la justicia y la paz en México. Estos problemas son endémicos y sistemáticos en nuestro país, debilitan las instituciones, afectan la convivencia y provocan daños y víctimas. La corrupción viola derechos humanos y contribuye a que sean inoperantes nuestras instituciones y se vulnere el Estado de derecho”. Pidió también que haya presupuestos públicos con enfoque de derechos humanos.
En el encuentro, Sánchez Cordero y González Pérez acordaron mantener un diálogo permanente para responder en los retos que hay en el país y establecer “esquemas de interacción y colaboración que coadyuven al conocimiento y promoción de los derechos humanos, y a la construcción de una cultura de paz en nuestro país, basada en el respeto a la dignidad humana”.
Fuente: http://www.eluniversal.com.mx
