Chiapas— Para llegar a Benito Juárez, ejido perteneciente al Municipio de Villaflores, hay que viajar una hora y media en carretera pavimentada desde la capital Tuxtla.
Las siembras secas de maíz y las montañas raspadas por los filos de los tractores que buscan arena, dan la bienvenida a uno de los lugares más afectados por el terremoto magnitud 8.2 que tuvo epicentro en el sur de Chiapas.
La casita de Elizama es una de las que tiene folio, pero que no aparece en la base de datos del “Censo de Viviendas Dañadas por los Sismos de Septiembre de 2017”, elaborado por la Sedatu.
Ni la recomendación presidencial de “hacer tandas” para pagar la reconstrucción de las viviendas afectadas en esta comunidad sirvió para que la gente recuperara su hogar.
A un año del terremoto del 7 de septiembre, los damnificados cuentan que los apoyos prometidos por el Gobierno no llegaron y, sólo en casos contados, el dinero llegó de a poquito y hace apenas tres semanas.
Elizama Nampulá, una mujer embarazada, decidió no cruzar las calles empolvadas, ni mucho menos pagar moto-taxi para ir a ver al presidente el día que recorrió las zonas afectadas por el sismo.
Ella pensó que tener el folio 000863, otorgado por la Sedatu siete días después del sismo, el 14 de septiembre, le aseguraba que “en próximos días” recibiría la tarjeta que el Gobierno federal prometió para reparar viviendas afectadas.
Desde su casa de barro de 3 por 3 metros, recuerda como un grupo de hombres trabajó por tres días y tres noches para terminar las viviendas a donde llegarían Peña y el gobernador Manuel Velasco.
Ese día, imaginó que con esa misma rapidez y los 15 mil pesos que recibiría a través de la tarjeta de daño parcial, su esposo campesino repararía ágilmente las cuarteaduras de las paredes de su hogar. Pero no fue así.
Cuenta la joven que las cosas se complicaron después de la visita del presidente.
Días después del 7 de octubre, un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) se presentó en su hogar y, sin decir su nombre, se burló de que su morada no tenía baño, ni recámara.
“Ésta no parece casa”, le dijo el hombre canoso mientras miraba y fotografiaba los daños.
El fuereño recomendó a la jovencita construir una letrina mientras llegaba la tarjeta con el pago.
Inmediatamente, Elizama pidió prestado 5 mil pesos al dueño de la milpa en la que trabaja su esposo y, tras varios días, se construyó el modesto baño. Pero pasaron las semanas y la tarjeta “nomás no llegó”.
“Ese viejito actuó de mala fe, me vio muy chamaquita, se burló de mi casa y me sacó de la lista”, asegura la joven.
Frente al nuevo baño, con su bebé en brazos, Elizama reflexiona sobre la deuda en la que se metió por seguir las recomendaciones de “aquel señor canoso”.
Reconoce que su mayor temor no son los pagos, sino que caigan las paredes rajadas que su esposo arregló.
Engaños y adeudos
De las mil 64 casas que hay en este ejido dedicado al cultivo del maíz, la dependencia contó que casi la mitad estaban dañadas, 587. Pero la cifra no empató con la que enlistó Bansefi, que fue menos, 360; es decir, 227 viviendas censadas quedaron fuera del padrón de tarjetas.
Algunos habitantes de Benito Juárez a los que no les llegó el dinero, y quienes actualmente viven en casas cuarteadas, culpan al entonces comisaria Ejidal, Anselmo Sol, por no andar atrás del presidente para hacerle saber que aquí faltaban ese tipo de apoyos.
Pero Arelis Castro Urbina, una robusta madre soltera que vende tamales, señala que la responsabilidad no quedó ahí.
Por 11 meses, Bansefi no encontró su número de folio (000693), hasta el viernes 17 de agosto, cuando casualmente el número apareció en una oficina de Tuxtla.
La mujer dice que la tarjeta sólo tenía 8 mil pesos, de los 120 mil que el Gobierno federal prometió dar por daño total.
Desde el patio de su casa, donde improvisó una galera de lámina, con la mirada perdida y lágrimas a escurrir, expresa que empezará con la compra del tabique.
Nataliel Hernández, integrante del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC, ha documentado el proceso de reconstrucción en Chiapas, y explica que como Arelis, muchas personas que perdieron totalmente su vivienda recibieron montos incompletos.
Explicó que el gobierno de Manuel Velasco adeuda lo que le corresponde dar al Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y que se trata de 506 millones 727 mil pesos, que deberían ir a las tarjetas de Bansefi y que no han salido de las arcas del estado.
El reporte actualizado de Sedatu para Chiapas dice que 46 mil 773 viviendas resultaron dañadas, de las cuales 14 mil 73 registraron daño total y 32 mil 700 algún daño parcial.
“Sin embargo, el proceso de reconstrucción es un desastre tras otro, y hay una indolencia y omisión de parte del estado”, señala el activista desde su oficina de Tonalá, a casi cuatro horas de Benito Juárez.
Las dificultades también se presentaron en el pequeño poblado de Nueva Urbina, en el municipio costero de Pijijiapán, a cinco horas de Benito Juárez.
Las 20 viviendas que aquí registraron daño total tampoco recibieron el dinero completo.
Por eso, Tomás Suárez Vázquez decidió recolectar el barro que abunda en su comunidad y, junto con su vecino Fernando, empezar a hacer tabiques de dicha mezcla para levantar una nueva casita.
Dos arquitectas de la ONG “Bioreconstruye” se comprometieron a asesorarlos, por el puro gusto de ayudar.
Recientemente, el gobierno de Chiapas informó que de las 46 mil 773 viviendas afectadas en Chiapas, se han entregado un total de 45 mil 216 tarjetas BANSEFI, las mil 557 pendientes se reportan en proceso de producción.
Fuente: diario.mx
