Ciudad de México— Al presentar su acusación, la Procuraduría General de la República (PGR) pidió a un juez federal condenar a Javier Duarte a 25 años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
En el documento que el pasado 21 de agosto entregó a un juez del sistema acusatorio del Reclusorio Norte, la Fiscal federal Martha Estela Ramos Castillo solicitó imponerle al ex Gobernador priista de Veracruz 15 años de prisión y 5 mil días multa por lavado, así como 10 años de prisión y 300 días de multa por asociación delictuosa.
La funcionaria de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) presentó un total de 110 datos de prueba con los cuales pretende llevar a juicio a Duarte, 72 de ellos interrogatorios, 33 diversos documentos y 5 series fotográficas y redes de vínculos.
Además, pidió sentenciarlo al pago de la reparación del daño, el cual sólo podrá calcularse en caso de que el exmandatario sea declarado culpable y con base en las cantidades por las que finalmente se decrete su plena responsabilidad.
De acuerdo con el documento, la Procuraduría también requirió a la autoridad judicial para que, en caso de condenarlo, suspenda los derechos políticos del veracruzano; es decir, le prohíba expresamente su derecho a votar.
Pese a lo anterior, la PGR dejó abierta la posibilidad de darle otra salida al caso contra Duarte, pero eso dependerá de que el propio imputado acepte las condiciones.
En el documento, la Fiscal Ramos Castillo manifiesta que la SEIDF está de acuerdo en aplicar alguna forma de terminación anticipada del proceso y, aunque no lo menciona, una de esas formas es el procedimiento abreviado.
En dicho procedimiento, Duarte tendría que negociar con la PGR y admitir parte de la responsabilidad en los actos ilícitos, para que el Ministerio Público Federal retire alguna de las imputaciones.
Esto le ahorraría el juicio, la garantizaría una pena mínima y además un descuento de la tercera parte de la pena de prisión a su condena.
Este camino ya lo siguieron las hermanas Nadia y Elia Arzate Peralta, quienes fueron detenidas el 18 de octubre de 2016 y negociaron un procedimiento abreviado en el que aceptaron haber lavado 223 millones 800 mil 963 pesos para la red de empresas factureras que supuestamente usó Duarte.
A cambio, la PGR les retiró el delito de delincuencia organizada y les ahorró una pena mínima de 10 años de prisión. Las hermanas Arzate fueron condenadas a sólo 3 años con 4 meses de prisión y quedaron libres el pasado 23 y 24 de agosto con el beneficio de la condena condicional. Sólo estuvieron un año y diez meses tras las rejas.
Según la acusación de la PGR contra Duarte, hasta el momento no hay propuestas o pláticas de terminación anticipada de su proceso.
Fuente: diario.mx
