Ciudad de México— Javier Duarte se desistió de la apelación contra la condena de 9 años de cárcel y una multa de 58 mil 890 pesos impuesta en el caso donde se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
De acuerdo con informes del Poder Judicial de la Federación, el exgobernador de Veracruz entregó por escrito el desistimiento de su impugnación al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
La renuncia del veracruzano a litigar contra su condena ocurre apenas siete días después de que presentara su apelación, recurso que al momento del desistimiento no había sido remitido por el juez de control a un tribunal unitario.
A pesar de retirar su recurso, ahora el juzgado pedirá a Duarte que ratifique su escrito y, en el momento de suscribirlo, ahora sí quedará firme la condena impuesta el pasado 26 de septiembre por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia.
De acuerdo con la información recabada, Duarte había apelado su condena con base en tres argumentos esenciales.
El primero de ellos es que fue sentenciado únicamente con base en su declaratoria de culpabilidad, lo cual a su consideración no basta, pues un veredicto de esta naturaleza debería sustentarse con elementos de prueba.
El segundo aspecto, más técnico, es que reclamaba un concurso ideal de delitos, lo que en términos reales se traduce en que debía darse una compurgación simultánea de las condenas impuestas por cada ilícito.
Es decir, que en lugar de 9 años se contabilizaran 4 años y medio de prisión, lo que hubiese abierto la posibilidad de que reclamara su libertad anticipada en julio del próximo año.
El último punto que alegó fue el decomiso de 40 bienes inmuebles, argumentando que ninguno de ellos estaba vinculado a su persona y ninguno de los propietarios de los mismos estaba sujeto a proceso por la misma causa de lavado y asociación delictuosa.
En conclusión, no había causa legal para que pasaran al patrimonio de la Federación.
Las razones de Duarte para retirar su apelación se desconocen.
Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no impugnaron su castigo, al estar conformes.
Aún si ratifica su desistimiento y queda firme la condena, para el ex Gobernador seguirá abierta la posibilidad de pedir la libertad anticipada en octubre de 2021, un beneficio que pueden tramitar los sentenciados al cumplir el 50 por ciento de su castigo.
Fuente: diario.mx
