El combate al lavado de dinero es una prioridad en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que el Gobierno federal presentó el pasado 1 de febrero. Aunque el documento indica que ampliarán las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto aprobado para su funcionamiento es el más bajo desde 2013.
La UIF recibirá 176.5 millones de pesos este 2019, lo que significa una disminución de 34.8 millones comparado con el año pasado.
El titular de la Unidad, Santiago Nieto, precisó que buscarán ser más eficientes mediante la optimización de los recursos y una reestructura administrativa. Remarcó que, a diferencia de otros años, el gasto en la operación es mayor comparado con los servicios personales o la nómina.
De acuerdo con la Estrategia, que se encuentra en análisis para su aprobación en el Senado, la meta es debilitar las finanzas del crimen organizado. Para ello, crearán una unidad policial especializada en la investigación de lavado de dinero y fortalecerán los mecanismos para detectar y sancionar conforme a Derecho las diversas modalidades de evasión fiscal. “Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo al narco en sus capacidades operativas. Concentraremos nuestros esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico”, se remarca en la propuesta.
La Unidad se ha concentrado en detectar la evasión fiscal, “pero no ha dado un solo golpe capaz de debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado, ni ha logrado reducir el lavado de dinero cuyo monto anual se estima en 30 mil millones de dólares”, se especifica en el dictamen.
Sin embargo, también redujeron 9.8 millones de pesos el monto para la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR), que este año ejercerá alrededor de 25 millones de pesos; solamente 415 mil pesos para la operación y el resto destinado a los servicios personales o la nómina.
Carlos Flores, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró que, aunque se pueden aprovechar al máximo los recursos, la disminución del presupuesto es una baja significativa. “Aparentemente, el nuevo Gobierno tiene la voluntad de cambiar las cosas, pero si se reducen los recursos en una austeridad mal entendida en ese sentido, se está vulnerando esa posibilidad”.
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