Alrededor de 94 familias afectadas por la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, han recibo 15 mil pesos de ayuda para gastos derivados de este accidente que ha dejado a la fecha 130 decesos y 170 menores huérfanos.
Abraham Mendoza Zenteno, delegado de programas sociales del gobierno federal, dijo que en un apoyo emergente se decidió otorgar 15 mil pesos para gastos de las familias que se tienen que trasladar a hospitales en el caso de los heridos, o bien de trámites por las personas que perdieron la vida.
El accidente ocasionó la muerte de 130 personas a la fecha y según los censos realizados, hay alrededor de 170 niños menores de 18 años que quedaron en la orfandad, para estos casos se trabaja con el DIF.
“Con los menores que han perdido a uno o a ambos padres, se tiene trabajar con un procedimiento jurídico para que se determine dónde deben de estar”.
Indicó que para los deudos de las víctimas se han realizado dos bloques: en el primero de ellos se apoyó a 94 familias y en un segundo serán 50. Especificó que se tendrá que realizar una depuración de los censos con los que se trabajó al inicio para garantizar que esta ayuda llegue a quienes comprueben el parentesco con las víctimas.
Además de estos apoyos, se espera que en este mes queden incorporados a los programas sociales como “Becas Benito Juárez”, “Jóvenes construyendo el futuro”, microcréditos y “Tandas del bienestar” que serán entregados de acuerdo al perfil de los afectados.
Además del programa emergente que se puso en marcha en ese municipio, el funcionario precisó que también se apoyará a 21 demarcaciones, donde se tienen problemas de inseguridad derivado de la extracción ilegal de hidrocarburo.
Entre los lugares que serán incluidos están Cuautepec, Singuilucan, Tulancingo, así como los 10 que conforman la región de Tula donde se encuentran Tezontepec, Tepetitlán, Tlaxcoapan, Tlahuelilpan entre otros, que podrán acceder a estos apoyos.
Mendoza Zenteno subrayó que los ocho mil pesos que recibirán para qué evitar que continúe la base social en el robo de hidrocarburo, deben de compararse con el bienestar que repercutirá en las familias y no con los recursos que se obtienen por la venta de combustible.
Aseveró que no puede haber beneficios de una actividad ilícita, ya que lo principal es recuperar la tranquilidad y paz social de las comunidades.
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