La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) argumentó que desconoce el paradero de los 157 sacerdotes que han sido suspendidos de 2010 a la fecha, tras ser acusados de abusar sexualmente de menores de edad, ya que una vez presentada la denuncia correspondiente, los casos son competencia de las autoridades civiles.
En rueda de prensa, el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, dio a conocer que 64 diócesis de las 95 que hay en el país, además de tres prelaturas, informaron que hay 101 casos de religiosos a quienes se les sigue un proceso ministerial.
“En el momento que se les da la dimisión (a los sacerdotes), ya no quedan bajo nuestro cuidado (…) Nosotros consideramos que andamos en los números aproximados. Yo no espero una sorpresa grandísima pero, por eso, lo que vamos a hacer es cuantificar para no especular ni a menos, ni a más”, anotó.
Entonces “no tenemos la información total. Tenemos que revisar hasta dónde llega esta realidad. Hasta ahorita no podemos cuantificar la totalidad (de casos de curas acusados de abuso sexual), ojalá y no sea una plaga”, añadió el también arzobispo de Monterrey.
Reconoció que antiguamente el modelo en la Iglesia ante estos delitos era revisar lo que le había pasado y ver qué se hacía con el sacerdote, pero en la actualidad, lo primero es atender a la víctima y que el sacerdote que cometió el delito sea juzgado por la autoridad correspondiente lo antes posible.
En conferencia de prensa, la cúpula de la Iglesia católica en nuestro país argumentó que una vez presentada la denuncia contra algún religioso presuntamente pederasta, la realización de las investigaciones de cada caso compete a las autoridades civiles.
El secretario general de la CEM, Alfonso Miranda, indicó que los obispos, al enterarse de un caso de abuso sexual cometido por sacerdotes, deben acudir ante la autoridad y ésta a su vez iniciar la investigación ministerial.
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