El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna impulsa una iniciativa de reforma a seis artículos constitucionales para desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y encargar al Instituto Nacional Electoral (INE) sus actividades en las entidades federativas.
En la iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, planteó reformar los artículos 40, 41, 99, 116, 122 y 134 de la Constitución política en materia de austeridad republicana y electoral.
En la exposición de motivos, argumentó los altos costos económicos ya que solamente en 2018 los OPLES tuvieron un presupuesto de 14 mil millones de pesos para su sostenimiento y la organización de 24 elecciones.
Cuestionó algunas inconsistencias en la labor de los Organismos, que hacen reconsiderar su existencia y necesidad, en contraste con la cantidad de recursos que implica su mantenimiento.
Señaló que tampoco se han justificado los presupuestos otorgados a los institutos electorales locales, luego de la reforma electoral de 2014 que mandató al INE designar a los consejeros electorales de los nuevos Organismos Públicos Locales Electorales.
Destacó que la estructura del INE tiene cobertura en todo el país, su presencia en las delegaciones de los estados y en los consejos distritales atienden las necesidades derivadas de los procesos electorales federales y locales, conforme a su competencia actual.
El legislador agregó en su iniciativa que fuera del proceso electoral, ambas estructuras tienen cargas de trabajo reducidas, por lo que es viable que una de las dos estructuras pudiera realizar la labor de ambas.
“Nuestra propuesta estriba en prescindir de los OPLES para que sea el INE el que desarrolle las actividades de aquellos respecto de los procesos electorales locales”, indicó.
Además, subrayó que el INE cuenta con la estructura, los recursos humanos y financieros para continuar haciéndose cargo de las funciones que hasta el momento tiene, el reto es adicionar las funciones que los OPLES dejarían de tener por su desaparición.
En caso de aprobarse la propuesta, señaló, las entidades federativas asumirían la parte del costo correspondiente a la elección local (como sucede en la actualidad) aparte de los gastos adicionales menores que se podrían derivar de la implementación de la elección en las entidades, únicamente en el año que corresponda.
“Esto implica un beneficio económico a las entidades federativas: Por un lado, dejarían de erogar recursos para mantener una estructura permanente en los lapsos fuera del proceso electoral, y durante éstos solo erogarían la parte conducente del gasto que pueda corresponderles”, expuso.
Respecto a los recursos humanos, el planteamiento se centra en optimizar aquellos con los que cuenta el INE, para que, desde una perspectiva de austeridad, se puedan fortalecer las delegaciones o juntas locales, con la creación de un consejo permanente que aplique las leyes electorales, tanto a nivel federal, como en cada una de las entidades, según el asunto que se trate.
De esta manera, continuarían existiendo órganos colegiados y plurales en las entidades federativas, que serían designados por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y que además reunirían características de vinculación con la entidad a efecto de que conozcan las realidades políticas y específicas de la ley electoral.
Esto implica que prevalecería la existencia de leyes electorales locales, a efecto de que éstas continúen contemplando las particularidades de cada estado sobre sus autoridades electas popularmente y de los procesos electorales.
Además la iniciativa mantiene el mismo grado de federalismo, ya que propone adicionar la facultad de la Cámara de Diputados para designar a los integrantes de los consejos locales.
“El actual esquema de 32 OPLES no parece caminar en el sentido ni de la simplicidad, ni de la eficacia. Si bien la organización de las elecciones nunca ha sido un tema sencillo, el INE ha demostrado ser capaz de llegar hasta las comunidades más remotas de México, instalar casillas en todas las localidades y llevar a cabo el proceso electoral federal de principio a fin en todos los municipios del país”, reiteró el legislador en su propuesta.
También señaló que si bien la reforma constitucional de 2014 otorgó cierta autonomía a los OPLE, en realidad sus actuaciones se encuentran subordinadas a la decisión del INE, lo que en sí mismo genera una distorsión, que puede subsanarse a través de lo que políticamente era la propuesta inicial: “nacionalizar” las elecciones.
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