México.- La organización Marea Verde Quintana Roo solicitó al Congreso de ese estado desestimar la iniciativa planteada por la diputada independiente Sonia López, quien propuso aplicar un método anticonceptivo “definitivo” a las mujeres que decidan someterse a un segundo aborto.
Durante la sesión del pasado 13 de marzo, la diputada local, y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de Quintana Roo, presentó una iniciativa de decreto para modificar diversas disposiciones del Código Penal y de la Ley de Salud del estado.
En su exposición, López Cardiel se pronunció por el reconocimiento de la no punibilidad del aborto y su realización dentro de instituciones de salud públicas, con estándares de calidad altos y de forma gratuita. La diputada pidió al gobierno adoptar esa responsabilidad conforme a los criterios de no punibilidad vigentes en el Código Penal desde 2010, que incluyen: por violación, salud de la madre, malformaciones genéticas o accidente.
Plantean pobreza como causal de aborto no punible
Sin embargo, la iniciativa contiene también un apartado en el que se plantea la esterilización definitiva de mujeres que recurran a un segundo aborto, esto después de establecer una “circunstancia económica grave o justificada” como otra de las causas de “no punibilidad” en el Código Penal.
Según la propuesta de Sonia López, la mujer puede exponer ante la autoridad que no cuenta con los recursos económicos necesarios para garantizar una vida plena y digna del producto de gestación, por lo que, tras previo certificación de sus motivos, se procede a considerar ese motivo como uno libre de procedimiento penal.
La esterilización derivaría de una segunda solicitud de aborto por “circunstancia económica grave o justificada” y, en caso de no acceder, el gobierno no estaría en obligación de prestar el servicio de aborto seguro y gratuito.
Respalda Derechos Humanos denuncia de Marea Verde
En su posiconamiento, Marea Verde Quintana Roo consideró que la propuesta viola los derechos de las mujeres porque atenta contra el principio de autonomía de decisión, además de que podría revictimizar a mujeres embarazadas como producto de violencia sexual y que existen reportes en cuanto a prácticas de esterilización forzadas entre niñas y adolescentes.
El llamado de la organización civil fue atendido por la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo que, en un comunicado, aseguró que la propuesta de López Cardiel es discriminatoria en dos sentidos: por la restricción al plan de vida de las mujeres y por estar dirigida de forma directa a mujeres consideradas en situación de pobreza, que podría estar alineada con denuncias internacionales sobre limitaciones a la salud pública de dicho sector.
Fuente: http://www.sdpnoticias.com
