Javier fue detenido el 7 de abril de 2017 porque presuntamente robó una casa. Fue a preguntar por un amigo a la Fiscalía cuando le tomaron una fotografía para ingresar, misma que le mostraron a la víctima del robo mencionado, quien lo señaló por el delito cometido. Con una falsa imputación, Javier pasó dos años en prisión preventiva.
Casos como éste son comunes y no inciden en la reducción de los delitos, advierte el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco.
El próximo 18 de junio se cumplirán 11 años desde que se publicó la reforma constitucional que dio inicio a la transición del antiguo sistema de justicia penal inquisitorio hacia el nuevo acusatorio adversarial, con los juicios orales. Con esto se dio cumplimiento a los tratados internacionales de los que México forma parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que señala en su Artículo 7 que nadie puede ser sometido a una detención o encarcelamiento arbitrarios.
La prisión preventiva sólo se impuso en delitos de alto impacto, como homicidio doloso, trata, secuestro o delincuencia organizada. Sin embargo, el pasado 19 de febrero hubo una reforma al Artículo 19 Constitucional, con la que sumaron otros 12 delitos que ameritan prisión preventiva; entre éstos, por el uso de armas de fuego y robo a casas.
Esta reforma dio origen al documento “La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego”, publicada por México Evalúa, donde se expone que la ampliación del catálogo sólo vulnera los principios del nuevo sistema y violenta los derechos humanos. Y lo más importante: no reduce los delitos.
México Evalúa advierte que, en los últimos 25 años, se han modificado en reiteradas ocasiones leyes y códigos penales para incrementar las sanciones y los delitos graves que otorgan prisión preventiva. “A pesar de eso, los delitos graves van en aumento, lo cual indica que incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no tiene efecto alguno sobre la comisión de delitos. En otras palabras: la prisión preventiva oficiosa no reduce la incidencia”.
Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la Universidad de Guadalajara, advierte que será difícil que los delitos reduzcan, pues se requiere que el sistema de justicia se consolide. “Ellos creen que, con esta medida, se detendrán más personas, pero tengo mis dudas por la impunidad que estamos viviendo en México, y Jalisco no es la excepción”.
La reducción en la incidencia se logrará, en cambio, con más capacitación entre los policías, Ministerios Públicos y jueces. “Y que se den castigos por un trabajo deficiente”.
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