Por denunciar actos de posible corrupción, fue dada de baja en una burda venganza por parte del secretario general del Ayuntamiento, consideró el Secretario General del Partido Verde en San Luis Potosí
San Luis Potosí SLP.- Jesús Emmanuel Ramos Hernández, dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, declaró que el secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez García, y el director general de Seguridad Pública Municipal, Édgar Oswaldo Jiménez Arcadia, deben ser investigados y en su caso sancionados, por el extremo uso de fuerza en contra de la oficial del Registro Civil número 11, María Teresa Carrizales Hernández, quien fue desalojada de sus oficinas de forma violenta por agentes municipales.
El dirigente partidista y diputado local, calificó como inadmisibles los actos cometidos por el director general de Seguridad Pública Municipal, y que fueron ordenados por Pérez García, al desalojar de manera violenta a la oficial del Registro Civil.
“Las declaraciones de Pérez García, con respecto a que Carrizales Hernández ya no tenía porqué estas en las oficinas del Registro Civil puesto que había sido dada de baja, pasan a segundo término cuando vemos la forma de actuar de la autoridad, con extremo uso de la fuerza y poniendo en riesgo la integridad física de una persona”, indicó Ramos Hernández.
Agregó que así como el ayuntamiento de la capital tiene facultades para realizar las adecuaciones que considere pertinentes en las distintas áreas de la administración, un trabajador que considere vulnerados sus derechos también tiene la posibilidad legal de defenderse, por lo cual, antes de llegar a actos violentos como los cometidos ayer por Jiménez Arcadia, debió prevalecer la legalidad.
Ramos Hernández fue enfático al señalar que Carrizales Hernández se convirtió en una persona incómoda para la administración del alcalde Francisco Xavier Nava Palacios, y en particular para su secretario general, Pérez García, desde que denunció cobros indebidos por parte del ayuntamiento en servicios que presta el Registro Civil, lo cual evidenció actos de presumible corrupción que no deben ser permitidos.
“Si el alcalde Nava Palacios no pone orden, y permite que sus funcionarios de primer nivel como Pérez García y Jiménez Arcadia, cometan abusos como los que todos vimos, entonces estará avalando las malas prácticas que incluso ponen en riesgo la integridad física de las personas, nada justifica que una funcionaria de su propia administración sea tratada como delincuente”.
Ramos Hernández agregó que antes de proceder a dar de baja a una funcionaria que denunció actos de presumible corrupción, Nava Palacios debió ordenar una investigación a la Contraloría Interna para deslindar responsabilidades, y una vez resuelto el caso, proceder, porque la forma en la que Carrizales Hernández fue maltratada, “evidencia las intenciones de llevar a cabo una burda venganza por levantar la voz ante los excesos cometidos por la administración de Xavier Nava, y si lo permite, entonces es cómplice”.
Por último, sentenció que Pérez García, Jiménez Arcadia, la coordinadora municipal de Derechos Humanos, Olga Palacios Pérez, y demás funcionarios que participaron en el violento desalojo, deben ser sometidos a una investigación y en su caso, a una sanción por parte de la Contraloría Interna, pues no se puede permitir que existan abusos de autoridad como los cometidos en contra de Carrizales Hernández.
