En el caso de la llamada Estafa Maestra, no se trata solamente de una presunción de actos que constituye delitos; se tiene la certeza, porque los señalamientos concretos derivan de auditorías forenses realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, afirmó Luis Pérez de Acha.
En entrevista, el exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) explicó que han quedado documentados ya los procedimientos con los que se dio la intervención de las personas que se señalan como responsables, entre ellos la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles, así como un grupo de sus excolaboradores.
Recordó que varios de ellos incluso tuvieron ya la oportunidad de defenderse y no desacreditaron las observaciones hechas, en primer instancia, por la Auditoría Superior de la Federación.
Por ello, añadió, ahora en el caso de las imputaciones penales que se les formulen, tendrán que derivar en imputaciones, claro, luego de un debido proceso respetando siempre el principio de inocencia, hasta que un juez determine su culpabilidad.
“La presunción de inocencia de los (presuntos) responsables es débil en estos momentos”, expresó el especialista.
Para el reconocido abogado, si bien los presuntos delitos por los que se les menciona en las investigaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción se cometieron en los ejercicios fiscales del 2013 y del 2014, no han prescrito, por lo que se está en tiempo para proceder judicialmente contra la exfuncionaria y sus excolaboradores que resulten imputados.
Se busca un liderazgo más horizontal del SNA
El abogado comentó que, en el plano institucional, es notoria la intención del gobierno federal actual de llegar hasta el fondo de la investigación.
“La Estafa Maestra fue un caso que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto eludió por completo, se ocultó, se relativizó y se descalificaron las publicaciones periodísticas que se hicieron en su momento”.
En su opinión, ahora hay toda la determinación por parte de la fiscalía Anticorrupción de actuar en casos emblemáticos de corrupción y la llamada Estafa Maestra es uno de ellos.
En ese sentido, dijo que, incluso, puede ser mayor el desfalco al erario que las cifras mencionadas en las investigaciones periodísticas sobre este caso, pues los periodistas que hicieron este trabajo no contaban con la información de la que sí pueden disponer las autoridades cuando se hace una investigación judicial.
Hay mucha información que es confidencial, como debe ser, por ello si los periodistas lograron documentar las irregularidades, con mayor razón podrán hacerlo las autoridades; actuar más rápido, con mayor decisión, con mayor determinación, con mayor efectividad, teniendo a su disposición toda la información oficial a la que los reporteros nunca pudieron allegarse por no ser autoridad.
El abogado mencionó que, en este tema, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA tienen un papel importante. Recordó que, en el pasado reciente, fueron ellos los que pusieron en la palestra casos como Odebrecht, el socavón en la autopista México-Acapulco y el espionaje hacia ciudadanos utilizando el programa Pegasus que adquirió la PGR.
“Para eso es el sistema, para apuntalar la lucha contra la corrupción desde una plataforma”.
Para el exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA, esa instancia debe operar con conciencia del trabajo que hacen las autoridades que forman parte del sistema, que son las responsables de prevenir, investigar y sancionar actos que constituyan conductas que deriven en delitos de corrupción.
Por otra parte, rechazó que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiera aniquilar al SNA o desmontarlo, sino que busca adecuarlo, con base en la experiencia que se tiene para fortalecerlo para generar mayor movilidad, mayor participación social y ampliar el espectro de esa participación. Que no sean unos cuantos grupos de la sociedad civil quienes traigan el liderazgo, sino que ese liderazgo sea más horizontal, en todo el país y que no esté concentrado en la Ciudad de México.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
