A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero, el gobierno de la República alertó que prácticamente todos los sospechosos podrían quedar en libertad en cuestión de meses.
El precedente judicial lo marcó la resolución del juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien hace unos días exoneró por sufrir tortura a Gildardo López Astudillo, El Gil, de los delitos de secuestro y delincuencia organizada, pese a que se acreditó que era el jefe del grupo criminal Guerreros Unidos en Iguala, al momento de la desaparición de los normalistas.
De acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), el criterio jurídico del impartidor de justicia en este y otros casos ha privilegiado más el derecho de los victimarios que de las víctimas al desechar 63 de las 107 pruebas que se recabaron durante los últimos años y que acreditaban los ilícitos de delincuencia organizada y secuestro.
“¿Qué ha significado esto? Que a la fecha han sido liberados 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos; y ahora con el precedente de la libertad ya absolutoria de Gildardo López Astudillo existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en este proceso”, adelantó el subsecretario ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles.
Frente a los escenarios jurídicos que se prevén, Encinas Rodríguez anunció que por órdenes presidenciales interpondrán denuncias para investigar a quienes integraron las averiguaciones, así como a los juzgadores que han liberado de toda responsabilidad penal a los sospechosos de desaparecer a los jóvenes durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014.
De entrada, precisó Encinas Rodríguez, se investigará al extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam y al juez, Samuel Ventura Ramos.
“Hay que decirlo con toda claridad, la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura, en beneficio de los perpetradores (…) por instrucciones del presidente de la República, iniciaremos ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie la investigación de los funcionarios de la Fiscalía General de la República y de los jueces en el caso del Poder Judicial federal, para deslindar las responsabilidades en estos casos, donde en lugar de garantizar el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas, se está generando un pacto que favorecerá al silencio y la impunidad en la comisión de este delito”, sentenció el funcionario.
En cuanto al exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, Encinas precisó que está preso por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, quien fuera síndico municipal en Iguala y no por la desaparición de los estudiantes.
En este caso, dijo, hasta este momento no se vislumbra que pueda salir en libertad.
En lo que respecta a Tomas Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y señalado de construir un montaje para soportar la verdad histórica sobre la desaparición de los estudiantes dijo que las investigaciones continúan para establecer su grado de responsabilidad.
También enfatizó que los integrantes del ejército han colaborado en las investigaciones, desde el secretario de la defensa nacional, Luis Crescencio Sandoval González hasta los mandos destacados el Iguala, Guerrero el día del secuestro y desaparición de los Jóvenes.
En esta colaboración, agregó, se cuenta también la visita que se hizo a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
Finalmente, el subsecretario demandó al poder judicial federal entender que “lo que tiene que hacer es impartir justicia, no malinterpretar discrecionalmente la ley”.
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