El Gobierno federal alista una compra consolidada de armas cortas y largas, así como municiones y accesorios, por un monto de 228.9 millones de pesos, para equipar a las policías estatales y municipales del país, conforme al nuevo modelo nacional de policía.
Se prevé adquirir el próximo año un total de nueve mil 256 armas a menor precio, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del programa de Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (Fortaseg), que serán aprobados en el Presupuesto de Egresos 2020.
David Pérez Esparza, director del Centro Nacional de Información (CNI), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), explicó que el objetivo es que las corporaciones cuenten con mejor armamento y equipo táctico para sus tareas de seguridad en su territorio, pero también estandarizar la compra y los tipos de armas por adquirir.
“Queremos que las policías estén al 100%, no nada más en pistolas, sino también en radio, equipo, sueldo. Hay cinco grandes proyectos, todos encaminados al modelo nacional de policía, que básicamente es la reforma más importante del sexenio, y algo más importante que la propia Guardia Nacional, porque sí es importante, pero no deja de ser un tema federal”, indicó.
En entrevista, Pérez Esparza adelantó que también dotarán a los cuerpos de seguridad pública de botas, cámaras, radios y tabletas, a través del modelo de compra consolidada, una manera, dijo, “muy inteligente de que se reduzcan los precios y que se haga más con menos”.
Incluso, reveló que el Centro Nacional de Información, a su cargo, impulsa una propuesta para reducir los turnos de trabajo de los policías, quienes, en su mayoría, laboran jornadas 24×24.
“Lo que queremos es que los policías sean felices, sean capaces, que puedan levantar denuncias, que se les pague bien, que duerman bien y que coman bien, por ejemplo, en el Centro Nacional de Información estamos impulsando que se reduzcan los turnos”, indicó.
El funcionario explicó que buscan la estandarización para la compra de armamento, debido a que actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), única facultada para comprar armas, tiene que atender solicitudes de los estados y los municipios, de diverso tipo y cantidad, y en diferentes momentos, lo que dificulta no sólo su adquisición y ministración, sino también su mantenimiento y aprovisionamiento.
“Ahorita la Sedena compra entre 70 y 80 tipos de armas [para policías locales], puede traer lo que le pidan [los estados y municipios], con cierto límite de calibre, pero es muy costoso para la Secretaría de la Defensa Nacional andar cumpliendo caprichos”, refirió.
Ante esta situación, Pérez Esparza mencionó que está en proceso un acuerdo entre la Sedena, los estados y municipios para determinar un catálogo de 10 armas a comprar.
“La idea de fondo es que se consolide en las armas que más se compran, eso no quiere decir que los estados y municipios no puedan comprar de otras, pero idealmente Sedena quiere que haya 10 tipos de pistolas, por ejemplo, 10 tipo revolver, 10 de rifle, 10 de escopeta”, detalló,
Por ejemplo, señaló el funcionario, hay armas que son muy populares, como las pistolas Colt y Sig Sauer, “que siempre se han comprado mucho más porque son baratas y aguantadoras”.
De acuerdo con un informe del SESNSP, las armas que más se han comprado para los policías municipales y estatales del país son escopetas de 12 milímetros de las marcas Mossberg, Hatsan, Ata Arms, Browning y Beretta.
Además, pistolas calibre 9 milímetros Beretta, Glock, I.W.I, Ceska, Sig Sauer, Browning, Herstal, Stoeger y Taurus.
Según el documento, entre cuatro y cinco empresas concentran 90% de fabricación de pistolas, por lo que para el director del CNI no es necesario comprar de tantos tipos: “Se puede comprar de cuatro y cinco tipos, y con eso es suficiente”, consideró.
Indicó que a partir de septiembre pasado, el SESNSP inició el diseño de estándares mínimos para el almacenamiento de armas y equipo, pues se estima en 23 mil las armas oficiales extraviadas o robadas en todo el país, entre el año 2000 y 2019.
Lo anterior, añadió, debido a la falta de protocolos homologados para la gestión y cuidado de armamento en municipios y entidades.
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