Venezuela pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones estadounidenses contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, planteó formalmente ese asunto como una forma de “guerra económica” a la fiscal de la CPI, con sede en La Haya.
“Consideramos que las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad, además violan el derecho internacional y los derechos humanos. En este caso contra la población civil de Venezuela, e insistimos ante la fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, que hay que detener esta barbarie”, enfatizó.
También dijo que espera que la denuncia pueda servir como precedente para otros casos de sanciones impuestas por Estados Unidos, por ejemplo, a aliados de Caracas, como Irán y Cuba.
“Hemos venido a las instancias para poder hacerle frente a una agresión integral contra el pueblo venezolano. Tiene que imponerse el imperio de la ley, no la barbarie; la demanda está dirigida contra quienes toman las decisiones en Washington”, añadió Arreaza.
No hubo de inmediato una reacción de la CPI, creada en 2002 para juzgar los crímenes graves en el mundo, lo que incluye a los de guerra y de lesa humanidad.
Estados Unidos no integra la CPI, pero ésta puede reclamar jurisdicción sobre cuestiones que afecten a personas de los Estados miembros, como es el caso de Venezuela.
No obstante, este tribunal solamente puede juzgar por crímenes a personas, no así a Estados, en tanto Arreaza no mencionó si señaló a personas específicas como presuntos sospechosos.
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