El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este miércoles el plan de su Gobierno para encarar la crisis económica provocada por la epidemia del coronavirus. El decreto dado a conocer no era precisamente lo que esperaban los analistas y expertos, cuya preocupación es la contracción del 6% del PIB para 2020. El mandatario ha preferido apretar el cinturón de su Administración antes que, dice él, trasladar las medidas draconianas a millones de mexicanos que viven al día. El Ejecutivo ha decidido recortar hasta un 25% el sueldo de los altos funcionarios y suprimirles el aguinaldo, además de eliminar diez subsecretarías. Todo esto sin despedir a un solo trabajador del sector público, de acuerdo al mandatario. La medida entra en funciones ya y estará vigente hasta el último día de 2020.
Hace algunos días, el presidente mexicano dijo que la crisis de la covid-19 le venía “como anillo al dedo” a su movimiento. La frase generó mucha polémica. Pero con el paso de los días ha quedado claro a los mexicanos cómo la crisis sanitaria ha sido aprovechada por López Obrador para avanzar su agenda. Otro ejemplo dado esta semana es la aprobación de la Ley de Amnistía, un programa de excarcelaciones que encontró en la epidemia de la covid-19 la excusa necesaria para ganar tracción en el Legislativo. El partido del Gobierno, Morena, lo aprobó entre críticas de algunos partidos de oposición.
El recorte anunciado esta mañana se suma a otros previos que han sufrido los funcionarios públicos desde la transición. La decisión comunicada frena el 75% del gasto gubernamental destinado a servicios generales y compra de materiales y suministros. Quedan a salvo los recursos que la Administración dedica a la emergencia sanitaria, que hasta la noche del martes había dejado 970 muertes y más de 10.500 contagiados. También cae dentro de la excepción el extenso programa de apoyos destinados, principalmente, a su base de votantes. Los jóvenes seguirán recibiendo sus becas, al igual que los adultos mayores, personas con discapacidad, hijos de madres trabajadoras y los campesinos enrolados al programa de siembra de árboles llamado Sembrando Vida, entre otros bajo el amplio paraguas social etiquetado como Bienestar por el Gobierno.
También quedan a salvo las inversiones de las obras de infraestructura que han sido el emblema de la autodenominada Cuarta Transformación: el nuevo aeropuerto a las afueras de Ciudad de México, el turístico Tren Maya del sureste del país y una refinería en Tabasco, el Estado natal del mandatario. La viabilidad y necesidad de estos proyectos han sido cuestionadas por los expertos. Sobre todo de la planta de refinación de crudo en días turbulentos para los energéticos, con la petrolera mexicana hundida en una crisis y con el precio del barril entrando en terreno negativo. Aún así, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional sigue considerándolos su legado.
De acuerdo a López Obrador, el decreto anunciado “se aleja de lo que se ha hecho siempre durante el periodo neoliberal” para paliar las crisis económicas y va a la par de “nuestra concepción sobre el desarrollo”. Otras voces, no obstante, han dicho que las medidas se enmarcan dentro de una austeridad desaconsejable para encarar lo que con toda probabilidad será la situación económica más amarga para la nación norteamericana desde 1995, cuando el peso sufrió una grave devaluación y la deuda creció un 8% del PIB.
Las medidas adoptadas por el decreto del Ejecutivo representan, según sus cuentas, un incremento al presupuesto de 622.000 millones de pesos (unos 25.200 millones de dólares). La cifra, sin embargo, debe tomarse con cierto escepticismo. El presidente afirmó en agosto de 2019 que las medidas de austeridad y combate a la corrupción adoptadas por su Administración le proveyeron con 500.000 millones de pesos. El monto, en realidad, era menos de la mitad, según se comprobó a finales de ese primer año de Gobierno.
Fuente: AGENCIAS
