Dos sindicatos estadounidenses se mostraron preocupados por las violaciones a los derechos de los trabajadores y pidieron a las autoridades mexicanas que liberen a la abogada laboral Susana Prieto, arrestada hace una semana, en momentos en que está por entrar en vigencia el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Prieto, quien el año pasado ayudó a organizar inéditas huelgas en decenas de fábricas en la ciudad de Matamoros, en la frontera norte del país, fue acusada de amenazas, incitación a disturbios, coerción y crímenes contra servidores públicos. La abogada ha negado los cargos.
Con el T-MEC que entrará en vigor el 1 de julio, los sindicatos estadounidenses están preocupados porque la detención podría socavar el compromiso mexicano de proteger los derechos de los trabajadores, un objetivo central del pacto comercial.
Prieto podría permanecer en la cárcel hasta fines de julio mientras se investiga el caso, dijo la oficina del fiscal general del estado Tamaulipas tras su arresto el 8 de junio en Matamoros. Un juez estatal rechazó las solicitudes de la abogada para ser liberada mientras el caso está pendiente.
Esto claramente es intencional y sin duda tendrá un efecto escalofriante en los trabajadores que se ven obligados a tomar una decisión de vida o muerte cada día antes de ir a trabajar en condiciones peligrosas”, dijo el martes el portavoz del sindicato unido de trabajadores del automóvil, Brian Rothenberg.
“Representa un desafío muy real para el gobierno mexicano implementar las reformas acordadas por Estados Unidos y México bajo el T-MEC”, añadió en un comunicado.
Richard Trumka, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por su sigla en inglés), la mayor coalición de sindicatos de Estados Unidos, calificó las denuncias como “falsas”.
“Nos estamos acercando a la implementación de los acuerdos laborales del T-MEC, y México debe cumplir con su compromiso de respetar los derechos fundamentales de los trabajadores”, dijo Trumka en un comunicado reciente.
En su conferencia de prensa diaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes pasado que seguía de cerca el asunto, pero que solo los funcionarios estatales podían manejar el caso.
El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo que los cargos se derivaron de una queja de una junta laboral en Matamoros sobre una protesta de unos 400 trabajadores frente a sus puertas en marzo pasado. El grupo fue acusado de ser violento y amenazar a los empleados del gobierno.
Cuando se le pidió un comentario, la Secretaría del Trabajo respondió a Reuters que el caso implicaba cargos criminales, no una disputa laboral.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
