En seis camiones procedentes de Guerrero, llegaron los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, junto con familiares y alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, a manifestarse afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esta protesta, los padres de los normalistas, desaparecidos desde 2014, marcaron el inicio de las jornadas de actividades que realizarán en el marco del sexto aniversario de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre.
Durante la protesta, los padres realizaron un mitin, en el que el vocero Felipe de la Cruz, quien también es papá de uno de los estudiantes desaparecidos, reprochó que jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) están involucrados en casos de corrupción y han liberado a algunos de los implicados como José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, líder de los Guerreros Unidos.
“Seis años hemos batallado y caminado para poder lograr saber el paradero de nuestros jóvenes y que los responsables tengan que pagar este crimen y en vez de tener resultados vemos que algunos jueces que siguen viviendo de la corrupción siguen liberando a los supuestos involucrados en este crimen como hizo la juez del Estado de México con el Mochomo”, señaló.
“Seguimos esperando que Tomás Zerón de Lucio, si tiene ficha roja, sea detenido y extraditado a nuestro país desde cualquier país que se encuentre. Tiene que regresar a pagar sus crímenes. Por esa razón hoy queremos decirle a esta Corte que los padres y las madres de familia no vamos a descansar hasta que la justicia regrese a este país y se aplique a los responsables”, refirió.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43, afirmó que se reprocha al PJF las dilaciones en las investigaciones y las causas penales que ya tienen los jueces federales, así como declaraciones de incompetencias que también han retrasado los procesos, entre otras anomalías.
Anunció que este jueves acudirán al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a solicitar informes sobre el caso del “Mochomo” y qué acciones se han realizado sobre la corrupción evidenciada sobre algunos funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México, que ordenó su liberación en julio pasado.
“Debe sentar un precedente al poder judicial para castigar y sancionar esas irregularidades”, señaló.
Añadió que el caso Iguala evidenció la red de corrupción e impunidad que existía en la administración pasada y que prevalece aún en esta administración y que el gobierno actual tiene como reto desentramarla.
Afirmó que a seis años de la noche de Iguala, los padres de los 43 normalistas están desgastados, pero mantienen la esperanza de conocer qué pasó con sus hijos.
“Los padres de familia llegan desgastados, varios de ellos con enfermedades, con mucha merma en el aspecto emocional, en el aspecto físico, con mucho dolor a cuestas pero con un halo de esperanza de que están abiertas las investigaciones y que se puede lograr algo”, apuntó.
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