El líder del Congreso de Perú, Manuel Merino, juró como el tercer presidente de ese país en los últimos cuatro años en medio de protestas que muestran una profunda crisis política.
El político reemplaza a Martín Vizcarra, quien fue destituido el lunes por “incapacidad moral permanente” tras una votación en el Parlamento. El exmandatario fue acusado, sin pruebas concluyentes, de recibir sobornos en 2014 cuando era gobernador.
Mientras tomaba posesión, decenas de manifestantes calificaron la destitución como “golpe de Estado disfrazado”. Afuera del Parlamento se coreaba “Merino delincuente, no eres presidente”.
A pocas cuadras de la ceremonia en la capital, la policía rodeó el palacio presidencial y el Parlamento y frenó las manifestaciones con gases, perdigones y varazos. La policía informó que detuvo a 27 y la prensa local difundió golpes y empujones al menos a tres periodistas.
El nuevo presidente, que gobernará por ocho meses, pidió calma a los manifestantes y añadió que existe “una mala intención de querer dividir al país” que él no permitirá que suceda.
A través de su cuenta de Twitter, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al nuevo gobierno a realizar las elecciones programadas y a resolver la “actual crisis política” respetando “los estándares interamericanos sobre separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho”.
El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo también en Twitter que “el proceso de vacancia se llevó a cabo de forma muy cuestionable” y que “los estados de la OEA deben vigilar de cerca las decisiones de Manuel Merino y el Congreso”.
El expresidente Vizcarra fue abordado el martes por la prensa y comentó que en medio de las protestas le preocupaba el nuevo gobierno de Merino porque está “en tela de juicio” su legalidad y legitimidad. “¿La legitimidad quién la da?”, preguntó y se respondió de inmediato: “el pueblo”.
Vizcarra afirmó que el jueves se presentará en dos fiscalías que lo investigan por supuestamente recibir 630 mil dólares en sobornos por dos obras licitadas cuando era gobernador regional entre 2011 y 2014. “Me he comprometido de dar todo el apoyo a las investigaciones”, indicó.
El nuevo presidente Merino también fue cuestionado en mayo porque su madre y dos hermanos, pese a estar prohibidos por ley, contrataron con el Estado por 55 mil dólares en el periodo 2011-2016 cuando él era legislador. Merino afirmó a la prensa que los casos han sido archivados por la Fiscalía.
El expresidente llegó al poder en 2018 luego que su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (2011-2016) renunció poco antes que el Parlamento de ese entonces lo destituya también por “incapacidad moral permanente”, una causal existente en la Constitución que los expertos creen que es muy vaga y sobre la que el Tribunal Constitucional aún no ha precisado su significado.
Merino tiene el reto de proponer medidas claves para generar la recuperación económica del país. El mandatario dijo que su gobierno buscará evitar que una segunda ola de infecciones por el nuevo coronavirus encuentre al país en medio de la “vulnerabilidad”.
Eileen Gavin, analista principal para América Latina de la consultora global de riesgos Verisk Maplecroft, dijo que era probable que Merino “proponga medidas populistas en un intento por tranquilizar a los votantes, además de asegurarse cierta legitimidad y capital político”.
La pandemia desnudó el débil sistema sanitario y la inequidad histórica en el país sudamericano que ha provocado hasta el momento unos 922 mil 300 contagiados y 34 mil 879 fallecidos.
El país también vive una grave crisis económica que ha provocado la quiebra de miles de negocios y el desempleo de millones. Las proyecciones del Banco Mundial son sombrías. Un cálculo de junio afirma que el Producto Interno Bruto caerá 12% en 2020, el tercer peor descenso del mundo.
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