La Cámara de Diputados aprobó este lunes una reforma judicial entre las críticas de legisladores de oposición de que “debilita” la autonomía del Poder Judicial y la separación con el Ejecutivo.´
Con 319 votos a favor y 88 en contra, la Cámara baja de México avaló la iniciativa constitucional propuesta por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, con el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Este dictamen implica un riesgo por sus consecuencias, sobre todo para la autonomía del Poder Judicial y en cuanto a los controles de los Poderes de la Unión”, aseguró la diputada Pilar Ortega al anunciar el voto en contra del PAN.
La reforma, aprobada el 27 de noviembre por el Senado, generó polémica desde que López Obrador y Zaldívar la anunciaron en conjunto en febrero.
La iniciativa, que ahora deberá avalar la mayoría de los congresos estatales por ser constitucional, establece un servicio de defensoría pública, una Escuela Federal de Formación Judicial y una renovación de la carrera judicial.
También fortalece las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a cargo del presidente de la Suprema Corte, para “combatir con mayor eficacia la corrupción, el nepotismo, la impunidad y el acoso sexual en el Poder Judicial”.
Además, se buscará capacitar a los jueces para que tengan un perfil “más cercano”, “capacitado” y “sensible”.
Asimismo, se hace “una apuesta” para avanzar en “paridad de género” y, según los objetivos del Gobierno, impulsar un “nuevo perfil” de defensores públicos que sean “verdaderos abogados de los pobres”.
“Marcará el inicio de una nueva época en el sistema jurídico mexicano porque abona al fortalecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos”, defendió la diputada Aleida Alavez, del gobernante Movimiento Regenación Nacional (Morena), al presentar el dictamen.
La reforma recibió el apoyo de partidos de oposición como el izquierdista PRD y el exgobernante PRI.
Pero el PAN y el liberal Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron que la reforma “genera desconfianza” porque el oficialismo apresuró su aprobación.
“El proceso legislativo de la reforma está trunco, es insuficiente”, aseveró Adriana Medina, legisladora de MC.
La relación entre Zaldívar y López Obrador despierta más sospechas desde el 1 de octubre, cuando el presidente de la Corte apoyó declarar la constitucionalidad de la consulta popular del Gobierno para juzgar a los expresidentes del “periodo neoliberal”.
Los opositores acusaron al Gobierno de utilizar como moneda de cambio el aval de la reforma, que también crea tribunales de apelación con la integración de más de 200 magistrados, amplía la discrecionalidad de la Suprema Corte en la revisión de amparos y transforma la manera de sentar precedentes.
Por ello, al anunciar el voto en contra de la bancada de MC, el diputado Juan Carlos Villarreal denunció que la reforma conduce “a una concentración desmedida de poder, inclusive con un empoderamiento inexplicable del presidente de la Suprema Corte”.
“La parte medular crítica de esta reforma constitucional es la doble presidencia, esto es la evidencia y prueba de que se van a generar conflictos de interés”, sentenció.
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