No es un San Fernando y no habrá impunidad, dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, luego de que este martes, el representante de la ONU-Derechos Humanos en México, Guillermo Fernández-Maldonado, dijo que el caso de las 19 personas calcinadas en Camargo, Tamaulipas, se parece a la masacre de migrantes en San Fernando del 2010.
“Por ningún motivo es igual a lo que sucedió en San Fernando. Todos los días, a partir de que sucedió este evento hemos estado en el gabinete de seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación y puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado muchísimo, que tenemos mucha información”, aseveró la titular de la Segob.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de la Segob dijo no poder revelar mayor información de los avances de la investigación, “pero sí puedo asegurar: no es un San Fernando porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente y desde luego que no va a haber impunidad, y también la identificación de los cuerpos”.
El martes, mediante un pronunciamiento, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-Derechos Humanos México, expresó que “estamos profundamente preocupados sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas”.
Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, sentenció.
Fernández-Maldonado argumentó que la mayoría de las personas salen de sus países empujados por circunstancias económicas adversas, por reunificación familiar y/o por situaciones de violencia y persecución.
Aseveró que en el caso de los hechos ocurridos el viernes en Camargo, Tamaulipas, “el Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias. Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares. Se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos. Este es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas”.
Fuente: https://www.eleconomista.com.mx
