Junto a las Becas para el Bienestar Benito Juárez es, probablemente, uno de los programas más populares de la gestión federal actual y también uno de los que más críticas ha recibido, incluso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que considera que puede incentivar la deserción escolar debido a que el monto que entrega es superior al que se da en las becas para estudiar.
El programa a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), encabezada por Luisa María Alcalde, para ese año entregaba 3,600 pesos a cada uno de su 1 millón 120,543 “jóvenes construyendo el futuro” que entonces alimentaban sus filas.
Pagos a personas fallecidas y empresas fantasma
La Auditoría de Cumplimiento Forense 2019-0-14100-23-0374-2020 consigna que la Secretaría del Trabajo transfirió apoyos a las cuentas bancarias de 68 beneficiarios después de que estos habían fallecido, uno de ellos desde abril había causado baja en el programa. El importe total entregado fue de 482,400 pesos, de los que se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal.
La Secretaría del Trabajo no proporcionó información y documentación justificativa y comprobatoria que compruebe que se recuperaron esos recursos dispersados ni se señalaron los procedimientos y mecanismos para asegurar su reintegro a la Tesorería de la Federación, por lo que “las observaciones señaladas en el presente resultado persisten”, explicó al ASF.
Los auditores identificaron también el registro de negocios inexistentes como centros de capacitación: la empresa INAEP, S.A.S. de C.V. no fue encontrada en ninguno de los tres domicilios registrados pese a que reportó la capacitación de 212 beneficiarios, mientras que en la dirección de Construcciones y Servicios Lukman, S.A. de C.V., se encontró una casa habitación sin capacidad para alojar a los 129 beneficiarios que debía capacitar.
A su vez, representantes de Barista Factory, S.A.S. de C.V. y Technogourmet, S.A.S. de C.V denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México usurpación de identidad por dar de alta sus empresas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. A las empresas se les asignaron 179 y 198 becarios, respectivamente.
“Señalaron que hicieron mal uso de los datos de sus empresas, así como de sus datos personales, para registrar a dichas empresas como centros de trabajo”, indica la Auditoría.
Los montos repartidos a estas empresas ascendieron a 5 millones 396,400 pesos.
La Secretaría del Trabajo otorgó así mismo apoyos por 51 millones 213,600 pesos a 3,371 beneficiarios que al mismo tiempo recibían dinero en otros programas: Jóvenes Construyendo el Futuro en su modalidad Apoyos del Sector Educativo de la Secretaría de la Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como del Programa de Apoyo a la Educación Indígena del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
Esto a pesar de que los beneficiarios manifestaron bajo protesta de decir verdad, que no se encontraban estudiando ni trabajando, señala la ASF.
Por estas irregularidades, la ASF indicó que la Secretaría del Trabajo y Previsión social debe investigar el uso de recursos en el programa, así como sancionar a los servidores públicos involucrados en las irregularidades encontradas.
“La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o su equivalente realice las investigaciones pertinentes.
“En su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, se encargaron de la operación y ministración del Recurso Público Federal destinado para el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”, señala la Auditoría.
Fuente: ADNPolítico
