San Luis Potosí SLP.- En reunión virtual de la Comisión de Vigilancia, la Auditora Superior del Estado, Rocío Cervantes Salgado, informó a las legisladoras y los legisladores el inicio del proceso de fiscalización de cuentas públicas para el ejercicio fiscal 2020.
La diputada Rosario Sánchez Olivares, presidenta de la Comisión de Vigilancia, indicó que las luego de que se venció el plazo de entrega de las mismas el pasado 15 de marzo, se hizo la entrega puntual de las mismas a la Auditoría Superior del Estado para que continuara con su proceso de fiscalización, de acuerdo a lo establecido en la ley en la materia.
La funcionaria informó que se recibieron 115 cuentas públicas de entes auditables: 58 ayuntamientos, 22 organismos municipales DIF, 22 organismos operadores de Agua Potable, 2 Institutos Municipales de Vivienda, 1 Instituto Municipal de Planeación, 3 Poderes del Estado, y 7 Organismos Constitucionales Autónomos, sin que existan observaciones en la entrega de las mismas y con esto se inicia formalmente el proceso de fiscalización superior.
Dijo que de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización, entre el 26 y 30 de marzo se formularon y notificaron los oficios de solicitud de información, así como los correspondientes citatorios para formalizar los correspondientes inicios de auditoría a cada ente fiscalizable. Los inicios de auditoría se estarán llevando a cabo durante el mes de abril, por lo
que se estableció como plazo máximo de notificación a los entes auditables el 23 de abril.
En este sentido, indicó que debido a que la Auditoría Superior Federación dio por concluido de manera unilateral el Convenio de coordinación y colaboración para la fiscalización superior del gasto federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, el pasado 11 de enero de 2021, no se podrá llevar a cabo la fiscalización de programas de gasto federalizado de Ramo 33, ya que son facultad exclusiva de la Auditoría Superior de la Federación.
Por ello, se ha propuesto a la Comisión de Vigilancia la modificación del Programa Anual de Auditorías de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2020, para establecer la realización de 225 auditorías: 26 auditorías a los poderes del estado; los organismos autónomos 13 auditorías; los ayuntamientos 140 auditorías y organismos municipales 46. En un inicio se contempló la realización de 257 auditorías.
Cervantes Salgado indicó que la cancelación de este convenio por parte de la ASF afecta a todos los órganos fiscalizadores del país, por lo cual se está solicitando una reunión conjunta con el titular de la Auditoría Superior de la Federación para establecer la posibilidad de reactivar este convenio o establecer uno nuevo, y que permita la revisión de los recursos de gasto federalizado.
Explicó que en tanto se tenga una respuesta, se modificará el plan de trabajo de auditorías, eliminando las auditorías que se corresponden al gasto federal y que le corresponde a la federación realizarlas, con lo cual se ampliarán algunas revisiones a disciplina financiera de los municipios.
La diputada Rosario Sánchez, manifestó la preocupación por la falta de fiscalización al Ramo 33, por lo que exhortó a la funcionaria a informar a la brevedad los resultados de las reuniones con la Auditoría Superior de la Federación para revisar la posibilidad de subsanar el convenio y realizar los procesos de fiscalización de gasto federalizado.
Finalmente, la Auditora Superior del Estado, Rocío Cervantes, indicó que en estos trabajos de fiscalización se mantendrán los protocolos sanitarios con los que se trabaja desde el año pasado, para evitar riesgos de contagio por COVID-19.
