Con 284 votos a favor, 108 en contra y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este miércoles el paquete de reformas para regular la subcontratación y se turnó al Senado de la República para su discusión y votación.
Los cambios a seis leyes y a la Constitución -del Trabajo, del Infonavit, el Código Fiscal, la Ley del ISR, del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y del Apartado B del artículo 123 de la Constitución- son para “eliminar las prácticas que dañan los derechos laborales, erradicando acciones que operan en la actualidad, a través de las diversas formas de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario”, señala el dictamen.
En defensa del dictamen, la diputada de Morena, María Guillermina Alvarado Moreno, expuso que se trata de una reforma trascendental en la vida de la clase trabajadora, como es la regulación de la subcontratación, “lo que permitirá hacer justicia a los derechos de las y los trabajadores, quienes durante años han sufrido detrimento en el pago de sus cuotas de seguridad social y menoscabo en el reparto de sus utilidades y prestaciones”.
El diputado Pablo Gómez Álvarez, también de Morena, indicó que “la precarización del trabajo genera un incremento de la explotación laboral, aunado a que el empleador no acude al mercado abierto, porque con este tipo de empresas, que en sí es facturera y es evasora fiscal, contrae una ventaja”.
La diputada del PAN, María Cristina Castillo Espinosa, dijo estar a favor de que las y los trabajadores tengan acceso a seguridad social, de que no exista engaño con fines de simulación fiscal; sin embargo, “el dictamen es apresurado y no hay consenso entre los que serán los afectados directos e implica un daño al país, pues aumentará la informalidad; no genera inversión y ni desarrolla fuentes de trabajo”.
Por el PRI, el diputado Carlos Pavón Campos expresó que el dictamen, lejos de beneficiar a las y los trabajadores, “los perjudica al establecer topes máximos de tres meses del reparto de utilidades cuando en muchas ocasiones perciben más que eso; beneficia únicamente a las empresas, traerá más inseguridad e informalidad laboral por no cumplir con lo que se tiene que cumplir; es meramente recaudatoria”, dijo.
El diputado Isaías González Cuevas mencionó que el outsourcing “no genera empleos, sino es una empresa virtual que maneja la nómina de las empresas; da de alta y baja a los trabajadores del Seguro Social, del Infonavit y del SAR, les corta antigüedad, da salarios bajos y no hay pago de utilidades”.
El dictamen “garantiza el respeto a los derechos laborales y evita la evasión fiscal. Estamos a favor, porque resuelve algo que afecta a las y los trabajadores”, aclaró.
Del PT, el diputado Gerardo Fernández Noroña argumentó que son las grandes empresas las que utilizan el esquema de subcontratación u outsourcing. “La iniciativa no considera que no valga como empresa especializada las de limpieza y los de seguridad, ya que son los trabajos más humildes y más maltratados”.
Indicó que “es insuficiente, hay que echar para atrás la subcontratación en esencia y sólo dejarla válida para trabajos especializados, pero apoyaré la propuesta del Ejecutivo Federal”.
Por MC, la diputada Susana Priscila Álvarez Hernández comentó que se debe dar un marco jurídico con una figura que sea integral, por lo que en su bancada coinciden con la importancia de establecer bases para la subcontratación, ya que es necesario que se señalen sus deficiencias y se procure que lo que se apruebe se cumpla.
De Encuentro Social, el diputado Edgar Guzmán Valdéz se pronunció a favor del dictamen, pues se revindican los derechos laborales en todos los esquemas y modalidades de contratación, al prohibir la subcontratación de personal tanto en el sector público como en el privado y sólo estará permitida en obras u obras especializadas que no formen parte del objeto social.
Desde el PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña indicó que dejar de apoyar esta reforma es defender la simulación en que se encuentran 4.7 millones de trabajadoras y trabajadores, mantenerlos sin inscripción a la seguridad social y sin posibilidad de recibir una pensión o créditos de vivienda.
Aclaró que no avalaron la instauración de una cláusula legal que únicamente beneficia a los patrones a costa de los empleados, por lo que presentarán reservas en la materia.
Fuente: El Financiero
