Una cuidada cúpula azul con una cruz, una torre campanario, dos ángeles en la entrada principal y una extensa pero no muy alta barda azul, roja y blanca, es lo que muestra una foto de Google Maps del Templo Jesús de Nazareth, en Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, Puebla, antes de que fuera dañado por los sismos del 9 y 17 de septiembre de 2017.
El templo fue uno de los sitios calificados con daños severos y cuatro años después, su restauración no ha sido efectiva. La situación se repite en muchos casos llegando afectar a poblaciones enteras como Acaxtlahuacán de Albino Zertuche que se han quedado sin acceso a sus centros de culto, espacios formadores de vida en comunidad. El responsable de hacer estas reparaciones es el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y para hacerlas tuvo acceso a dos fuentes principales de financiamiento: la póliza con Seguros Banorte y el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Es imposible conocer con exactitud cómo fueron usados los recursos pagados por Seguros Banorte según descubrió PODER vía solicitudes de información y entrevistas con fuentes involucradas y expertas en patrimonio. Entretanto los bienes de la nación no están asegurados en caso de sismos y erupciones volcánicas; no se renovó con Banorte, no se contrató un nuevo seguro y el FONDEN desapareció por orden del presidente López Obrador.
Al menos 175 mdp pagados por Seguros Banorte sin destino claro
La póliza del INAH con Seguros Banorte era por una cobertura de 3,500 millones de pesos y uno de los modos de pago es el “pago en especie”. Esta modalidad fue aplicada en los sismos de 2017 y significa que restauradores y arquitectas del INAH determinan el daño de los bienes, y Seguros Banorte paga directamente a los contratistas externos encargados de la restauración.
Sin embargo, la modalidad de pago en especie tuvo sus complejidades. El INAH y Seguros Banorte, por medio de la ajustadora York, acordaron un 25% extra que el seguro pagaría sobre el costo de restauración de cada bien dañado. El acuerdo no quedó registrado en ningún documento, según lo que respondió el INAH vía solicitudes de información.
“Banorte decidió que así fuera. De eso, como de muchas cosas, no tenemos registro, como contratos de obra entre el seguro y los contratistas. Por eso hay hoyos del proceso (…) En ese momento ni ahora no nos parecía necesario que estuviera por escrito, solo que el seguro cumpliera su compromiso y eran detalles que se venían dando, estábamos trabajando de una manera práctica. No se planteó la necesidad”, dijo en entrevista con PODER Salvador Camarena, coordinador operativo de la Oficina de Sismos del INAH durante los sismos de 2017 y actual Director de Estudios y Proyectos.
En este trato no escrito se pactó que cinco puntos porcentuales del 25% extra se destinaría a que el INAH pudiera costear su operación: movilización y gastos de restauradores y arquitectas del INAH responsables de las evaluaciones de los daños. El problema fue que al ser parte del pago en especie ese 5%, 175 millones de pesos, fue depositado a los contratistas, quienes deberían devolverlo a los empleados del INAH.
“Todo se hizo en forma discrecional, las autoridades y los ajustadores del seguro Banorte verbalmente nos hicieron saber que, al monto conciliado para cada inmueble agregaron un 5% para gastos de operación y por tanto las empresas tendrían que proporcionarnos a los supervisores ese importe en especie para gastos de operación, no hubo documentos de por medio. Algunas empresas lo dieron, pero no había control real”, explica Rutilia Amigón, arquitecta del INAH y responsable de obra en Jesús de Nazareth en Acaxtlahuacán de Albino Zertuche hasta 2021.
Fuentes cercanas al caso, que prefirieron mantener el anonimato, aseguran que los recursos fueron usados para otros fines que no eran restaurar los bienes, y que al no haber control del gasto hay casos en que los contratistas y personal del INAH se repartieron el dinero.
Camarena negó que hubiera corrupción en el proceso: “Si hay pruebas de corrupción, el INAH no defendería a nadie. Lo que ha sucedido es que es un tema muy polémico”. Su respuesta como Director de Estudios y Proyectos a una solicitud e información explicó que “al final de la conciliación se agregó un último concepto, con porcentajes diferentes, dependiendo de la conciliación y del Estado afectado, con el objeto de resolver diversas actividades que se requieren para el logro del total de dicha restauración. Estas quedaron plasmadas bajo diversas denominaciones: «Proyecto», «Estudios preliminares», «Mecánica de suelos», «Estudios de Geotecnia», etc. Esta área no cuenta con documentos de referencia, todo se encuentra en cada centro INAH[1]”.
En el caso del Templo de Jesús de Nazareth, al final de la conciliación se lee “Diseño de proyecto ejecutivo será sobre el 25% del total de obra sin considerar IVA. Incluye proyecto de determinación de pérdida, informes de avance, elaboración de planos, impresión, etc”. No se indica nada por escrito del 5% para gastos operativos.
No hay protocolos de acción en caso de desastre
“El problema de fondo es que cuando se tienen situaciones de desastre deberíamos tener reglas muy claras de qué se hace en ese momento, porque cada que pasa, aunque son eventos recurrentes, parece que inventamos el hilo negro. El INAH ha pasado por esto antes. Cuando pasan estos eventos pone de fondo que no se ha pensado de manera preventiva y abre la puerta para oportunidades para prácticas fraudulentas” explica Naxhelli Ruiz, investigadora y académica en geografía, en entrevista con PODER.
La situación de falta de claridad llevó al personal adscrito a la sección de restauración y arquitectura del Centro INAH Puebla a solicitar, en septiembre de 2017, al director general del INAH, Diego Prieto, que se les informara cómo iban a proceder para la restauración. El Protocolo para la autorización de proyectos de restauración del patrimonio cultural, mueble e inmueble, identificados como monumentos históricos dañados por los sismos de septiembre de 2017 y para la validación de los contratistas o prestadores de servicio que ejecutarán los trabajos fue entregado durante el primer trimestre de 2018.
La sorpresa fue que ese documento, en manos de PODER, está fechado al 25 de septiembre de 2017. “Nos pidieron que firmáramos ese documento con esa fecha, pero en realidad lo hicimos entre marzo y abril de 2018”, confirma la arquitecta Rutilia Amigón.
Al ser cuestionado al respecto, Camarena dijo que “el protocolo no fue hecho en septiembre, se hizo a finales de octubre y se le dio esa fecha de septiembre para darle una validez legal, pero se comenzó a aplicar desde el principio. Inmediatamente se les dio a conocer a todos los Centros INAH y si los compañeros de algún nivel no tuvieron acceso, fue que el director de ese Centro INAH lo repartió tarde o estaban en indisposición de enterarse”.
El INAH no sabe en qué se gastaron los recursos de Seguro Banorte
El protocolo fechado el 25 de septiembre dice en la página 15 que el INAH hará un expediente con información del contratista y de la restauración, con, entre otras cosas: fotografías, propuesta de restauración con cronograma de trabajo, presupuesto conciliado, proyecto de restauración del contratista con cronograma, expediente del contratista, licencia del proyecto.
Para comprobar si el protocolo se estaba cumpliendo, PODER solicitó a los Centros INAH de Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Ciudad de México el listado de los sitios afectados por el sismo, el nivel de avance en su restauración, el costo de la restauración y el origen del dinero. A partir de esta respuesta PODER seleccionó una muestra en cada uno de ellos, algunos restaurados con el dinero del seguro, y solicitó todos los documentos relacionados a la restauración de los mismos.
“El INAH tendría que tener los documentos porque ellos tendrían que estar a cargo de las obras, aunque tengan personal subcontratado. No puedes pagarle a alguien para que hagan obra en bien patrimonial sin que sepas cómo lo están haciendo. Aunque sea pago en especie, el INAH tendría que tener un registro bastante minucioso. Imagínate las iglesias en Oaxaca con retablos del siglo XVIII, ¿en serio no sabes qué le hicieron? ¿los procesos y materiales?” cuestiona la investigadora Naxhelli Ruíz.
El Centro INAH Chiapas[2] entregó una base de datos donde si bien no se identifica la comprobación del 25%, por lo menos se nombra a los contratistas, el origen de los recursos, el monto destinado, el avance físico y el año a finalizar cada restauración.
Los CINAH Puebla, Estado de México, Oaxaca, Hidalgo y Tabasco respondieron que no tenían documentación requerida por que calificaron al dinero pagado por Banorte como “recursos de origen privados”, a pesar de que el INAH llevaba años pagando primas al seguro con dinero público.
La Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural respondió sobre los sitios solicitados en Ciudad de México que no han generado los expedientes pues “se están elaborando los catálogos de servicios, con los cuales se harán las invitaciones de participación a las diferentes empresas de restauración”.
Ante las negativas de entregar información se presentó un Recurso de Revisión y el INAI dio la razón a PODER al decir que dentro de las facultades del INAH está la supervisión de las obras de restauración y por tanto, deberían tener los documentos, independientemente del origen de los recursos. Los Centros INAH acataron el mandato del INAI aunque mandaron una información muy escasa, en la que destaca el caso de la Parroquia de Santa María de la Natividad en Benito Juárez, Ciudad de México, donde la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos dijo haber pagado 275,807.83 pesos de recursos “federales” al arquitecto Gerardo Estrada Straffon, quien además es el mismo responsable de obra por parte del INAH[3].
“El sujeto obligado a tener el control de todo esto es el banco, nosotros éramos quienes vigilábamos que el proyecto, que la intervención fuera correcta. El seguro es quien debe de tenerlo, hay preguntarle por qué no hizo contratos, por qué es omiso del seguimiento del programa.” insistió Camarena posteriormente a la sentencia del INAI, su argumento es que el dinero pagado por Banorte “nunca tocó las arcas del INAH”, por lo que el instituto no tiene la obligación de indagar cómo se usó el mismo.
El caso del Templo Jesús de Nazareth, en Acaxtlahuacán de Albino Zertuche
El Templo de Jesús de Nazareth fue uno para los que se solicitaron los documentos de restauración, pues según la conciliación, en manos de este medio, Seguros Banorte acordó pagar 13,828,952.11 pesos[4]. En octubre de 2019, el avance estaba como “en proceso de trámite”[5], según lo respondido por el Centro INAH Puebla.
Rutilia Amigón fue la arquitecta asignada a ese templo y comenta que “hasta la fecha la empresa responsable de la restauración no ha recibido pago alguno, a pesar de que tiene un avance ya del 20% y contribuyó a la elaboración del proyecto ejecutivo solventando los estudios de suelo y revisión estructural”. La empresa avanzó las restauraciones hasta que se les avisó que habría un cambio en el destino del dinero del seguro.
Camarena explicó en entrevista que ese cambio se debió a un esquema financiero que el INAH tuvo que hacer cuando se dio cuenta de que el dinero del seguro no alcanzaría. Según el funcionario, todos los sitios quedaron cubiertos de alguna forma, con dinero del seguro, con el del FONDEN o en un modelo mixto.
“Al excluir el INAH a este y muchos inmuebles más del financiamiento del seguro, tal empresa se vio en la necesidad de suspender los trabajos. Este tipo de situaciones surgieron por la informalidad en la cual nos ordenaron, verbalmente, iniciar las obras, y ahora se pretenden desconocer. Tal informalidad en ocasiones llevó a la necesidad de cambiar a la empresa que inició, como sucedió en el templo de Acaxtlahuacán”, narra Amigón.
Otra de las irregularidades que se cometieron, a decir de fuentes anónimas, fue que dada la emergencia y la falta de prevención, la consigna fue asignar los sitios lo antes posible, sin contratos ni proyectos. En sus respuestas a múltiples solicitudes de información, algunos de los CINAH estatales no fueron capaces de demostrar los trabajos con contratos.
Demanda contra Banorte por dejar de pagar
En enero de 2020 Banorte dejó de cubrir los pagos “sin dar explicación y hasta el 18 de marzo de 2020, nos informa que la póliza había llegado a su límite, que no la reinstauraría automáticamente y que sólo se le podía reclamar 3,500 millones de pesos”, narró Camarena. Ante esa decisión, el INAH presentó una demanda contra Seguros Banorte.
La póliza número NCGL-070-1000391-0, con vigencia del 11 de marzo de 2016 al 31 de diciembre de 2017 es la que cubrió los sismos de 2017, con 3,500 millones de pesos por evento, es decir, 7,000 millones de pesos para los dos terremotos, el del 7 y el del 19 de septiembre. O al menos, así lo entendía el INAH por existir una cláusula de reinstalación automática después de cada evento. Pero ahora Banorte justifica que la póliza sólo cubre 3,500 millones de pesos para ambos eventos.
Además, Banorte también alega que en los 3,500 millones de pesos ya está considerado el IVA, pero el INAH dice que eso no era parte del acuerdo. Lo cierto es que la póliza[6], en manos de PODER, y las conciliaciones, se contradicen entre sí. El primer documento dice que “en todos los casos deberá considerar el I.V.A. ya que el Instituto es el consumidor final”, mientras que en las conciliaciones se lee una leyenda al final de las mismas que dice “Estos importes no incluyen el Impuesto al valor agregado (I.V.A.)”.
“Ellos no debieron haber aplicado el IVA. El SAT ha respondido que es una práctica indebida del seguro el estar haciendo eso y que no debería de ser aplicado el IVA en el resarcimiento de los daños”, dijo Camarena.
Seguros Banorte respondió vía correo electrónico que no podrían tomar la entrevista solicitada por PODER sobre el tema; sin embargo, envió su postura: “Seguros Banorte cumplió a cabalidad con los compromisos derivados de la póliza correspondiente a la contratación del programa de aseguramiento integral de bienes patrimoniales del Instituto Nacional de Antropología e Historia 2016-2017 y no hay saldo pendiente a cubrir al INAH.”
Divergencia en la cuenta de los inmuebles dañados
La falta de documentación y estandarización de la información en los Centros INAH y en el propio INAH nacional, se refleja también en las diferentes cifras que se han dado sobre el número de bienes inmuebles dañados. Sólo para este reportaje se identificaron dos diferentes: 2,340, declarados en 2019 por Diego Prieto, el director general del INAH[7]; y 2,599 según lo que respondieron los Centros INAH vía solicitudes de información.
La Auditoría Superior de la Federación apuntó en su auditoría al INAH de 2019 que el instituto no tenía un registro adecuado del número de los bienes dañados ni del avance en la restauración de los mismos.
En un primer momento el INAH informó a la ASF que habían 2,340 bienes culturales dañados (tomando en cuenta los sismos de septiembre de 2017 a febrero de 2018); sin embargo, tras observaciones de la Auditoría, el listado aumentó a 2,378 bienes culturales, pero “no acreditó que, a 2019, esa base de datos se constituyera en el inventario de cuantificación de daños ocasionados por los sismos de 2017 formalmente establecido y autorizado, se realizara con base en dictámenes técnicos y que incluyera los elementos de tipo de tenencia de los bienes, las características patrimoniales que los distinguen, su importancia y su prioridad de atención,en los términos de la normativa que regula la operación del fondo”, según la auditoría.
En una segunda revisión, el listado se redujo a 1,222 bienes, 273 de ellos con daño menor, 554 con daño moderado y 317 con daño severo; “sin embargo, 24 registros presentaron inconsistencias, debido a que 13 bienes se catalogaron como museos o centros culturales, los cuales no se corresponden con el ámbito de competencia del instituto referente a monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, 6 se definieron como daño monumento artístico y 5 sin daño, lo que evidenció la necesidad de fortalecer la confiabilidad de las bases y de la clasificación de los daños”.
Además, para el caso de Puebla, Ciudad de México y Tlaxcala, el INAH declaró 672 intervenciones pero sólo 642 inmuebles afectados sin que justificara la diferencia. En total, para la atención de los 1,222 bienes culturales dañados por los sismos de 2017, el INAH dijo haber diagnosticado un costo de 6,219,184.4 pesos para la ejecución de 1,252 acciones de restauración, pero a 2019 había fallado en acreditar contar con los programas de obras y acciones con sus respectivos calendarios.
Todavía en la auditoría de 2019, la ASF hace referencia al monto solicitado por el INAH al FONDEN para cubrir algunas de las restauraciones, monto que según la ASF, también presentaba incongruencias. En octubre de 2020 el FONDEN fue desaparecido, junto con otros fideicomisos, por mandato presidencial.
FONDEN desaparecido y el INAH sin seguro para sismos
En el acceso al dinero del FONDEN, cuando existía, el INAH tuvo complicaciones. Habían pasado nueve meses desde el sismo cuando el personal del INAH del área de restauración todavía no tenía el listado de inmuebles para los que fueron solicitados recursos de FONDEN por parte del área de restauración del Centro INAH Puebla, ni las fichas de catalogación de los inmuebles históricos afectados que albergan los bienes muebles e inmuebles por destino, según lo que la Coordinadora Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural INAH, Liliana Giorguli Chávez, deja saber al director del centro INAH Puebla en un oficio fechado el 11 de junio de 2018 y al cual PODER tuvo acceso[8].
A la desaparición del FONDEN por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, se suma que el seguro que tiene contratado actualmente el INAH, no cubre sismos ni erupciones volcánicas. Camarena aseguró que, aunque desconoce el mecanismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha prometido al INAH ser responsable de dar los recursos pendientes del FONDEN y de cubrir los bienes patrimoniales en caso de alguno de esos dos desastres.
“La Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales y de Transporte con la que cuenta el Instituto, no contempla terremoto, sismos y erupción volcánica, toda vez que la cotización que recibió el INAH para darle cobertura por estos conceptos, le costaba al Instituto $664,321,967.56 de prima, por una suma asegurada de $250,000,000 de Límite Máximo de Responsabilidad, es decir un 308% más caro que el Límite Máximo de Responsabilidad”, se lee en la respuesta del INAH a una solicitud de información presentada por PODER.
Al menos desde enero de 2020 Seguros Banorte, con el que estaba asegurado el INAH durante los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, ya no figuraba como la aseguradora del instituto. Pero ya desde julio de 2018, ni un año después de los sismos que afectaron a ocho estados del país, la póliza se renovó sin la cláusula de cobertura de terremotos y erupciones volcánicas.
El INAH también informó vía transparencia que ni Seguros Banorte ni otras 13 aseguradoras, como Seguros Sura, Axa Seguros, Seguros Azteca y La Latinoamericana Seguros, presentaron propuestas para ser contratadas para el seguro de 2020. Ante lo cual, el INAH contrató a Agroasemex, S.A., aseguradora del estado, por una prima de 156,803,069 pesos.
A decir de Naxhelli Ramírez, una de las cosas que se discutió para la nueva ley de gestión integral de riesgos de desastres es que la SHCP contrataría un seguro para cubrir los bienes públicos de la nación y así tener una póliza que cubriera de manera más controlada los daños, evitando que cada dependencia tuviera que contratar una póliza y evitar la dispersión de recursos.
La SCHP, vía su personal de comunicación social, respondió a PODER que “la ley sigue pendiente, se aprobó en diputados pero aún está pendiente en Senado. En ninguna parte de la ley se señala que se contrataría un seguro para cobertura de todos los bienes de la nación, por lo que no existe un contrato de ese tipo”. No se reportaron daños en el patrimonio cultural tras el sismo del 7 de septiembre de 2021[9].
Fuente: https://www.proceso.com.mx/
