El sector empresarial hizo un nuevo llamado al Congreso para que considere las implicaciones de la iniciativa de la reforma eléctrica, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicha reforma pretende acotar la participación de los privados bajo reglas que aún no quedan claras, así como también incluye la cancelación de contratos con otros generadores distintos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además que está última no garantiza cubrir la demanda, y queda corta en inversiones que se requieren, dijo el sector empresarial.
Algo que tiene preocupados a los empresarios es la cancelación de contratos con generadores privados que se determina en la iniciativa del presidente, pues para la industria significa perder competitividad al verse obligados a comprar sólo a la CFE, ya que esta representa 55% del consumo eléctrico y no obtiene subsidios.
Durante una conferencia de prensa, distintos lideres de organismos empresariales, mostraron su descontento y su inquietud sobre la iniciativa de López Obrador, la cual si bien habla de dejar un 46% de la generación a privados, no hay reglas claras de cómo va a ser esta participación.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que están en juego 44,000 millones de dólares de inversión que han hecho los privados para la generación.
Régulo Salinas Garza, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), señaló que el costo de generación de CFE el año pasado fue de 1,403 pesos por megawatt/hora, el de generadores privados de renovables y de ciclos combinados fue de 406 pesos y 800 pesos, respectivamente.
“Entonces si sacamos un promedio del sector privado da ligeramente abajo de 700 pesos contra 1,403 de CFE, sí hay una diferencia muy grande, esto en buena parte por la antigüedad de la plantas de CFE que tienen en promedio 40 años y las de los privados es de 10 años”, señaló Salinas Garza.
Por otra parte, Salazar Lomelín comentó que la CFE no alcanza a cubrir las necesidades de inversión que implica el crecimiento de la demanda eléctrica del país.
Son 87,000 millones de pesos los que México necesita al año para la creciente demanda de energía eléctrica, la cual ronda en un aumento anual de 3% y la CFE recibe en promedio al año un presupuesto para inversión de 45,000 millones de pesos, la mitad de lo que se necesita para la generación.
Pero además, las inversiones de CFE no únicamente van destinadas a generación, también implica proyectos de transmisión y distribución, agregó.
Enoch Castellano, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), en su intervención dijo que, es clave que el sector eléctrico nacional se aperture a la inversión privada para complementar la falta de dinero que el Gobierno tendría que haber erogado a través de las empresas públicas.
“En la propuesta de reforma eléctrica es pasar una reserva de capacidad de entre el 15 y el 20% que dado los factores de servicio que tienen las plantas de Comisión Federal de Electricidad nos pondrían riesgos reales de apagones, es decir, necesitaríamos alrededor de 30% de margen de seguridad para que esto se evitara y ya hemos visto situaciones en las penínsulas tanto de Yucatán como de Baja California, en donde se han presentado problemas”.
Mientras que el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora, apuntó que se deben respetar las inversiones de privados en energías limpias, lo que plantea el Ejecutivo no es el camino adecuado para fortalecer a la CFE.
“A lo largo de la historia se ha comprobado que lo que fortalece a las empresas es la competencia, si queremos fortalecer a la Comisión Federal Electricidad, el camino no es quitarle competencia es ayudarle a ser eficiente, que inviertan en generación de energías limpias en lugar de seguir con la producción de energía a partir de combustibles fósiles”, consideró.
Ante esto, los empresarios pidieron al Congreso recapacitar y hacer un análisis de los impactos de la reforma eléctrica, económicos, sociales, ambientales y legales que la iniciativa de AMLO implica.
