En el Senado, la bancada de Morena impulsa una iniciativa de reforma para imponer hasta tres años de prisión a quien contrate propaganda en radio, televisión, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación dirigida a “sabotear” o influir en la opinión de los ciudadanos sobre la revocación de mandato.
En la exposición de motivos del proyecto, presentado por el morenista Salomón Jara Cruz y turnado a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, se advierte que en el ejercicio de la libertad de expresión y de participación política, cualquier persona puede expresarse a favor o en contra de la revocación de mandato.
“Pero un asunto distinto es sabotear y atentar abierta y flagrantemente contra un mandato constitucional, saboteando y buscando inhibir el ejercicio del derecho de las y los mexicanos a participar y votar en procesos democráticos en el sentido que les parezca más conveniente”, se señala.
Por ello, se plantea prohibir que cualquier persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, contrate propaganda en radio, televisión, redes sociales y/o cualquier otro medio de comunicación dirigida a deslegitimar los procesos no sólo de revocación de mandato, sino también de consulta popular.
La iniciativa refiere que en fecha reciente, los partidos políticos de oposición y empresarios “neoliberales” agrupados en “una organización conservadora”, publicaron un desplegado en distintos medios de comunicación llamando al pueblo de México a no participar en el proceso de revocación de mandato previsto para el año próximo.
“Con este llamado, la oposición al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pretende sabotear nuevamente un ejercicio democrático e inhibir la garantía del derecho constitucional de las y los ciudadanos a organizarse y ser parte de una democracia popular directa y participativa”.
“De esta forma, esta organización que destina una gran cantidad de recursos cuya procedencia no es clara para instrumentar una campaña que claramente tiene fines electorales, atenta flagrantemente contra el derecho y la obligación de los ciudadanos de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional y en procesos de revocación de mandato, tal y como lo establece nuestra Constitución”, se señala.
La iniciativa de reforma propone reformar la Ley Federal de Consulta Popular, la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Ley General en Materia de Delitos Electorales; en esta última se plantea imponer sanciones: “Se impondrá de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien, a título propio o por cuenta de terceros, contrate propaganda en radio, televisión, redes sociales y/o cualquier otro medio de comunicación dirigida a deslegitimar los procesos de consulta popular o de revocación de mandato como mecanismos constitucionales de participación democrática o para buscar inhibir y desincentivar el ejercicio del derecho de las ciudadanos”, se establece.
La propuesta señala que la consulta popular y la revocación de mandato son mecanismos democráticos que contribuyen a replantear y repensar la democracia, la representación y la participación social. “La consulta popular y la revocación de mandato permitirán al pueblo de México ser tomado en cuenta y expresar su punto de vista sobre asuntos de suma trascendencia para la memoria histórica y la vida política del país, lo que sin duda constituye ya una nueva etapa en nuestro largo y complicado proceso de consolidación democrática”, se apunta en la iniciativa.
