En un grupo de ciudadanos y organizaciones dedicadas a la protección del medio ambiente presentaron un amparo colectivo en contra del acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que ordena se otorguen autorizaciones fast-track a la obras prioritarias, a las cuales denomina de interés público y seguridad nacional.
El acuerdo, publicado el 22 de noviembre de 2021, acusaron, viola distintos derechos consagrados en tratados internacionales, así como establecidos en la Constitución referidos al cuidado al medio ambiente y a la participación de las comunidades originarias.
“El acuerdo viola la obligación de aplicar el principio de precaución en la política pública en materia ambiental; se crea una situación jurídica de afectación a los quejosos; se violan derechos constitucionales y convencionales a la participación y consulta previa libre e informada de las comunidades indígenas.
“También, se crea una situación jurídica excepcional que se vuelve estado base para todo el sector de obras y proyectos del Gobierno de México y esta situación vulnera gravemente el principio de desarrollo sustentable; se viola la obligación del Estado mexicano a la construcción de un desarrollo participativo y transparente considerando a los grupos, las comunidades y los ecosistemas vulnerables”, indicó Fátima Fernández, integrante de Abogacía contra la Crisis Climática.
El acuerdo, recordó, instruye a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a otorgar en un plazo máximo de cinco días permisos o autorizaciones relacionadas con las obras de los proyectos regionales de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo; además, en caso de no darse en ese término, considerarse como otorgadas.
Esto, explicó en entrevista, evidentemente vulnera el principio de precaución, referido a la adopción de medidas protectoras ante la sospecha de afectación al medio ambiente, e impide la consulta y la participación de las comunidades indígenas en los proyectos que alteren los lugares en donde habitan.
“Lo que hace el acuerdo es que en vez de llevar a cabo los procesos y las garantías que están contemplados en las leyes especiales, como son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Desarrollo Forestal Sustentable o cualquiera que tenga como propósito la protección al medio ambiente sano y de los derechos ambientales, sociales y culturales, pasa por encima de todos esos derechos”, aseguró.
El amparo, informó, está suscrito por cuatro personas morales y 40 físicas y en él se solicita que el Poder Judicial otorgue una suspensión de plano al acuerdo debido a que la afectación se está dando desde la fecha de su publicación.
Fernández dijo que los defensores del medio ambientes continuarán realizando su labor pese a las críticas formuladas por López Obrador, quien la semana pasada los llamó farsantes.
“La comunidad activista y de derechos humanos, sociales y ambientales en México estamos observando atentamente la incorrecta gestión y política ambiental y climática que se está llevando y tomando las medidas acordes, estamos luchando por esta generación y la que viene y nuestro derecho a un mundo en el que nosotros y nuestra descendencia pueda habitar con dignidad. Aquí estamos y aquí permaneceremos”, indicó.
