El Consejo General del INE acordó reanudar el proceso rumbo a la consulta de revocación de mandato, como se lo ordenaron la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral federal.
Los consejeros aseguraron que, con seguridad, habrá consulta si es que se cumplen los requisitos, pero advirtieron que la organizarán con lo que tienen, lo que quizá implique instalar menos casillas si Hacienda no les otorga los recursos necesarios para realizar el ejercicio ciudadano.
Lorenzo Córdova aclaró que el TEPJF mandató al INE a adecuar su presupuesto, pero sin poner en riesgo sus atribuciones constitucionales ni sus obligaciones legales o estatutarias en materia laboral. Mientras la Corte resuelve de fondo el asunto presupuestario, con los recursos que el INE tiene disponibles tomará las medidas conducentes para realizar la revocación, dijo.
En este marco, el consejero presidente aclaró que la sentencia del tribunal mandata hacer una adecuación presupuestal, pero que el documento establece que “no se pueden poner en riesgo, ni las atribuciones constitucionales ni sus obligaciones legales ni las obligaciones estatutarias en materia laboral”, luego que el Presidente en su conferencia matutina consideró que se debían bajar los sueldos y viáticos de asesores y consejeros.
Córdova Vianello explicó que mientras la Suprema Corte de Justicia resuelve el asunto presupuestario de fondo, “el INE seguirá, con los recursos que hoy dispone, tomando las medidas conducentes, hoy y por las semanas por venir para realizar la revocación de mandato con los recursos que nos fueron proveídos y que este instituto logre generar”.
Subrayó que la revocación se va a hacer con lo que se tenga, y si eso significa disminuir el número de casillas, así se hará.
Entre los recursos que le fueron proveídos por la Cámara de Diputados y otros que logró generar, el árbitro electoral tiene una bolsa de mil 503 millones de pesos.
La consejera Carla Humphrey apuntó que con el acuerdo para retomar los trabajos sobre revocación de mandato se reactivarán 70% de las actividades programadas y que están pendientes por la suspensión, 49 procesos con 190 actividades específicas para retomar las actividades en torno a esta consulta.
En su participación, la consejera Claudia Zavala dijo que “nunca estuvo en duda que el INE iba a llevar a cabo la revocación de mandato, el tema fue cómo la íbamos a hacer, y eso fue lo que pusimos a discusión de los tribunales respecto del modelo constitucional y legal que nos rige y la suficiencia presupuestal”.
Agregó: “Hay que festejar. La verdad es que el Estado de derecho está imperando aquí y dejó una premisa muy clara la sala superior que tiene que ver también con una suspensión que ya se dio en la Suprema Corte de Justicia, sobre los derechos laborales”.
Los partidos Morena y PT insistieron en mencionar que el INE debería recortar los derechos laborales de empleados, que no son constitucionales, como los gastos médicos mayores y el fondo de separación y retiro, además del fideicomiso inmobiliario.