Las violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques a periodistas independientes y defensores de los derechos humanos en México, han continuado durante el actual gobierno, denunció la organización Human Rights Watch en su informe anual sobre 2021.
El texto recuerda el asesinato de 12 civiles en julio de 2020 en Tamaulipas, en un enfrentamiento con soldados. “En un video que se filtró a la prensa ese agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos solo estaban siendo investigados por la policía militar, y no por fiscales de la justicia penal ordinaria. En marzo de 2021, un abogado de familiares de las víctimas indicó a Reuters que todavía no se había detenido a soldados en relación con el hecho, a pesar de la evidencia en el video”, destaca.
También menciona que en septiembre del año pasado, la Secretaría de Defensa admitió que al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante el actual sexenio. “La Secretaría de Defensa ha pagado indemnizaciones a las familias pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente”, menciona.
En su informe, la organización señala que el sistema de justicia penal mexicano no es eficaz para resolver los casos de delitos violentos y violaciones de derechos humanos. “Solo el 5.2 por ciento de los delitos cometidos en México se esclarecen, informa la organización no gubernamental México Evalúa. Las causas del fracaso incluyen corrupción, capacitación y recursos inadecuados, y complicidad de fiscales y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos”, menciona.
También critica que falle en garantizar el debido proceso para los acusados de delitos, ya que “la policía y los fiscales suelen utilizar la tortura para obtener confesiones”. HRW se pronuncia en contra de la prisión preventiva obligatoria, ya que viola las normas internacionales de derechos humanos, así como el uso de la figura del arraigo, que permite detener a cualquier persona hasta 40 días sin cargos.
En su informe, la organización denuncia la falta de acciones efectivas para la localización de las más de 90 mil personas desaparecidas en el país desde 2006. “Más de 23 mil figuran como desaparecidas desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018”, recuerda, aunque reconoce que el gobierno aceptó la jurisdicción del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, que permite que los familiares de víctimas presenten casos ante el comité una vez que se hayan agotado las alternativas legales a nivel nacional.
En lo que toca a los ataques contra los periodistas y defensores de derechos humanos, HRW menciona que el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos no ha evitado que algunos de ellos sean asesinados.
“Seis periodistas han sido asesinados mientras recibían la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fondo independiente que financiaba las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo”, menciona sobre la eliminación del fideicomiso.
El informe destaca, igualmente, que falta protección jurídica para mujeres y niñas, incluyendo aquellas con discapacidad, contra la violencia de género y sexual. “Algunas disposiciones, incluyendo las que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la ‘castidad’ de la víctima, contravienen los estándares internacionales”, menciona.
La organización reconoce los avances en materia de aborto, con los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró inconstitucional su penalización, además de disponer que los gobiernos estatales no están facultados para establecer que la vida comienza en el momento de la concepción y que la objeción de conciencia para no practicar abortos está sujeta a límites.
En materia de migración, denuncia que el gobierno no brindó protección policial ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 mil solicitantes de asilo enviados a México en el marco de la política de “Quédate en México”.
“El gobierno de López Obrador ha expulsado a miles de solicitantes de asilo ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas”, reseña.
