Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron una demanda de amparo contra el Tramo 5 del Tren Maya, ya que aseguran que no se emitió la Manifestación de Impacto Ambiental.
Los grupos conservacionistas demandaron al gobierno mexicano ante el Tribunal del Tercer Distrito del estado de Quintana Roo.
De acuerdo con las organizaciones, las obras atraviesan 121 kilómetros del hábitat clave para especies como el pez ciego, felinos y primates, así como cuevas y ríos submarinos del acuífero de la Península de Yucatán.
“Esta construcción del tren maya ya está dañando el hábitat de jaguares, ocelotes, monos araña de Yucatán y muchos otros animales en peligro”, advirtió Alex Olivera, científico principal y representante de México en el Centro para la Diversidad Biológica.
“El presidente López Obrador debe detener la construcción hasta que sus agencias realmente cumplan con la ley y evalúen la amenaza del tren para este hermoso bosque biodiverso”, subrayó.
El recurso impugna la “autorización provisional”, emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Este, toma como base el acuerdo publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que declara las obras del Gobierno de México como “de interés público y seguridad nacional”.
Asimismo, la demanda cuestiona la autorización para construir el tren elevado emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que advierten que atravesará cuevas submarinas y afectará kilómetros de bosques.
Además, denunciaron que el gobierno mexicano violó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú, ya que afirman que negó el acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales.
“La deforestación y otras actividades que se han realizado hasta el día de hoy son completamente ilegales, y ninguna promesa de mitigación o reparación posterior puede servir como garantía para un camino que no está autorizado”, concluyó.
