Luego de tres días de audiencia y de la declaración de al menos una treintena de testigos, el juez Humberto Chávez ordenó la prisión preventiva por un año para el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien permanecerá internado en el Centro de Readaptación Social (Cereso) Aquiles Serdán, en la capital del estado.
El juez concedió la medida cautelar, luego de que la defensa argumentara que Duarte Jáquez podría eludir la acción de la justicia y salir nuevamente del país. Recordó que tuvo que necesitarse una orden de aprehensión y extradición para que regresara al país desde Estados Unidos, donde estuvo durante los últimos cinco años.
El miércoles 8 de junio a las 8 de la mañana se realizará una nueva audiencia para decidir la vinculación a proceso del exmandatario, a quien la Fiscalía de Chihuahua busca imputar a Duarte los delitos de peculado agravado y asociación delictuosa por el presunto desvío de 96 millones 665 mil 253 pesos durante el tiempo en que fue gobernador, entre 2010 y 2016.
La Fiscalía pidió la pena máxima de 27 años de cárcel, en el caso de que se determine la culpabilidad de Duarte.
Durante la audiencia, Duarte aseguró que hoy su mayor lucha será por “reivindicar” a su familia y su nombre. “Por desgracia la única obra que se planteó en el anterior el anterior gobierno era tenerme en la cárcel y era decir que la corrupción había sido el único tenor de mi gobierno”, aseguró en alusión al exgobernador Javier Corral Jurado.
El domingo continuó la audiencia de formulación de cargos, luego de que ésta se suspendiera al filo de la medianoche del sábado, luego de 13 horas de comparecencia y tras haber sufrido el exmandatario una bajada de presión, lo que llevó a su defensa a solicitar una silla de ruedas.
Entonces, los problemas de salud de Duarte Jáquez ocasionaron que se decretaran al menos tres recesos, con el fin de que se atendiera al exmandatario, a quien incluso se le tomó la presión.
El Ministerio Público (MP) detalló la acusación contra Duarte y explicó la manera en que presumiblemente realizó los desvíos entre 2011 y 2014 desde el gobierno de Chihuahua hacia la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la Financiera División del Norte.
