Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó en su totalidad el decreto de reforma aprobada en octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derechos de las audiencias.
Dicho decreto eliminaba la obligación de concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia, e incluso les permitía quedar sujetos a un sistema de “autorregulación”, a través de códigos de ética emitidos por ellos mismos.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán atendió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas bajo el argumento de que al momento de aprobarse dicha reforma en el Senado de la República “se violaron los procesos legislativos”.
La primera de las violaciones, explicó, fue que el dictamen se avaló sin las lecturas previas que marca el reglamento del Congreso, mientras que la segunda fue que no se cumplió con el requisito de que el dictamen se hubiese publicado en la gaceta del Senado al menos 24 horas antes de su discusión.
“Estos requisitos fueron soslayados en la discusión correspondiente y significan una violación al proceso legislativo, así como al derecho que asiste a las minorías de no ser excluido de los procesos legislativos”, dijo Pérez Dayán.
Además, señaló, al momento de dictaminar la iniciativa “no se convocó a todas las comisiones legislativas involucradas”, mientras que, una vez llegado al pleno, el proyecto fue incluido de último momento a la lista de asuntos por resolver.
“De modo que ordenar la incorporación inmediata y discusión ante el pleno del Senado de la República durante una tarde, acomodado de último momento y sin haber dejado transcurrir las 24 horas para conocimiento del dictamen, y adicionado que se dispensó su lectura, puede mostrar que con todo ello se afecta la calidad democrática que debe llevar toda discusión cuando se trata de aprobar leyes”, expresó.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también coincidió en que con dichas violaciones “la minoría parlamentaria no tuvo la oportunidad de participar en condiciones de libertad e igualdad en el propio procedimiento legislativo”.
La ministra Loretta Ortiz explicó que, adicionalmente, la reforma se debía invalidar por falta de consulta a las comunidades indígenas y a personas con discapacidad.
“A partir de una interpretación del artículo segundo constitucional, los pueblos y comunidades indígenas tiene derechos a ser consultados previamente sobre políticas y leyes que puedan afectarlos directamente. La denegación de este derecho, sin duda, tendrá como efecto una violación a sus derechos humanos”, aseveró el ministra.
En su oportunidad, Luis María Aguilar Morales recriminó a la Cámara Alta por la manera en que se aprobó esta reforma: “Observo una absoluta despreocupación en el cumplimiento de las reglas que rigen el proceso legislativo”.
El proyecto también proponía dotar al Congreso de un plazo de seis meses para emitir otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, “a fin de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación en la materia”, sin embargo, en la sentencia solo se aprobó invalidar el decreto.
Al respecto, la ministra Yasmín Esquivel puntualizó que la eliminación de la reforma a la LFRYT de 2017 se da solo por violaciones al proceso legislativo, pero no prejuzga sobre el fondo de las disposiciones.
“Invalidar en su integridad el decreto que contiene las normas reclamadas a fin de que el Congreso de la Unión, en uso de sus competencias constitucionales, legisle de nueva cuenta sobre los derechos de las audiencias, con pleno respeto en el ejercicio de la libertad de expresión de quienes comunican sus ideas en las radiodifusoras y televisoras del país, tomando en cuenta que este tribunal pleno no le impone al Poder Legislativo federales directrices ni lineamiento alguno”, advirtió.
Así, serán los legisladores federales quienes decidan si impulsan o no una nueva reforma en la materia.
