La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 27 millones 155 mil 200 pesos en el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que no fueron cobrados por 8 mil 515 familias beneficiarias.
“Se reportó el ejercicio de 27,155.2 miles de pesos por concepto de apoyos a 8,515 familias sin que se proporcionara evidencia de que éstas los hubiesen cobrado, por lo que de acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación, debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación”, señala la institución.
Señala que el objetivo del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez es fomentar que las niñas, niños y adolescentes inscritos en instituciones de educación básica del sistema educativo nacional y que son integrantes de familias en condición de pobreza, marginación o que habitan en localidades prioritarias o asisten a planteles educativos en esas localidades, permanezcan y continúen sus estudios mediante el apoyo de la beca.
Según el reporte de la ASF, se revisó una muestra total de 119 expedientes de familias beneficiarias, de cuyo análisis se identificó que 106 casos carecían de documentos que permitieran la identificación de los tutores o de las niñas, niños y adolescentes que integran las familias, que acreditara su inscripción a alguna Institución de Educación Básica (IEB), o que demostrara su aviso de incorporación o entrega de medio de pago.
Destaca que en los 13 casos restantes se indicó que los expedientes se encontraban extraviados sin que se demostraran las acciones llevadas a cabo para la recuperación de la documentación que los mismos contenían, situación que evidencia la falta de expedientes actualizados de las familias beneficiarias que contengan la documentación necesaria que acredite cabalmente su elegibilidad.
Precisa que como resultado de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, se determinaron diversas observaciones, tales como la falta de documentación justificativa y comprobatoria de gastos de operación del programa; pago de apoyos a beneficiarios que fallecieron antes de la entrega de éstos; pagos por importes mayores que los establecidos en los Listados de Liquidación y falta de soporte documental que acredite el pago a beneficiarios.
