La llamada ley Ingrid avanzó en el Senado; es un gran paso, recalcó Olga Sánchez Cordero, ya que combate la violencia mediática de género, al tipificar como delito que los servidores públicos filtren o difundan imágenes o información de víctimas de agresiones, particularmente de mujeres.
En la Comisión de Justicia del Senado se aprobó por unanimidad; es una reforma al artículo 225 Bis del Código Penal Federal, por la cual se penaliza de seis a 10 años de prisión a los servidores públicos que filtren, difundan, publiquen o difundan videos, imágenes, audios, documentos o cualquier evidencia relacionados con cadáveres de niñas, niños, adolescentes, mujeres u hombres, que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal.
Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, explicó que el dictamen considera tres iniciativas de senadores de diversos partidos, “que originalmente planteaba sólo proteger las imágenes de los cadáveres de las mujeres; sin embargo, por una cuestión de género, se acordó también ampliar la protección a los hombres, con la diferencia de que la pena se agravará cuando se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes”.
La senadora panista Indira San Román detalló que la “ley Ingrid, parte de un hecho terrible y desafortunado: el 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla Vargas fue asesinada. Además de ser un feminicidio, lo que nos lleva a esta ley fueron las imágenes que se difundieron del cuerpo acuchillado y mutilado. Es de ahí donde sale la necesidad de dar esta protección especial a las mujeres”.
Los senadores explicaron en la comisión que esa normativa pretende proteger a las víctimas y sus familiares de una revictimización, para ello se modifica el Código Penal federal y se propone una adenda al dictamen para establecer que no sólo se castigue en casos donde la víctima sea mujer, sino en cualquier caso.
Manuel Añorve, senador priísta, durante su intervención en la comisión manifestó: “Perdón, no quiero meterme en complicaciones de igualdad de género, pero en estos temas, en estas filtraciones que se dan por parte de la autoridad competente, es, desgraciadamente, con quien acude la nota roja tratando de visualizarlo en redes sociales, en los periódicos. Es tan grave el tema de una mujer como de un hombre, de un niño, de una niña”.
Sánchez Cordero intervino y planteó: “Creo que no solamente deben ser estas filtraciones, sino que adicionalmente tenemos que no solamente son las mujeres, también los hombres”.
Y agregó, sin embargo, “yo también estoy de acuerdo en que estas sanciones previstas para estas filtraciones sean agravadas si se trata de niños, de niñas, de adolescentes y de mujeres”.
Se explica en el dictamen que entidades como la Ciudad de México, Colima, Coahuila, Chihuahua, Jalisco y Oaxaca cuentan con una legislación que penaliza la filtración y difusión de imágenes de víctimas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, se destacó, de aprobarse esa normativa en el Congreso de la Unión habrá una sanción para esos ilícitos a nivel federal.
