De mantenerse “los vicios” en la reforma electoral conocida como plan B, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) advirtieron que agotarán todos los recursos jurídicos, al tiempo que expusieron riesgos para los comicios.
En conferencia de prensa que ofrecieron en la sede del organismo, señalaron que “vamos a esperar a esta reforma, que, dicho por el Senado, está plagada de vicios de inconstitucionalidad; si hay vicios de inconstitucionalidad, no habrá un solo recurso jurídico que en el INE no se explore. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo”.
“Se trata de preservar el orden constitucional. Hoy se puede salvar la constitucionalidad de la reforma; en el Senado pueden enmendarle la plana a una cámara que presentó una minuta que viola la Constitución en muchos puntos”, expresó Lorenzo Córdova, consejero presidente.
Así se recurrirían a controversias constitucionales, o de haber acciones de inconstitucionalidad, el INE se inconformaría como tercero interesado o usaría la figura amicus curiae.
Los consejeros electorales cerraron filas, mediante un pronunciamiento, contra el plan B, pues éste implica desaparecer las 300 juntas distritales y, por tanto, 84 por ciento del personal del servicio profesional de carrera, que se compone de 2 mil 500 personas, las cuales, en su mayoría, operan precisamente en estas juntas, detalló Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE.
El consejero Ciro Murayama alertó que, con esa baja, “los que se llaman vocales operativos en los 300 distritos van a poder contratar gente cuando sea necesario; entonces, ¿quiénes van a ser las personas que están pensando que operen la elección, la capacitación, la instalación de casillas?”.
“No vayamos a volver a la época donde los operadores políticos del gobierno eran los que acababan armando las casillas”, subrayó Murayama.
El consejero Martín Faz agregó que, si bien la reforma exentaría, mediante un transitorio, a las elecciones de Coahuila y el Estado de México –que se llevarán a cabo el 4 de junio de 2023–, sí pone en aprietos al personal, pues, por una parte, tendría que estar trabajando sobre estos dos procesos electorales, mientras que en el INE estarían definiendo quiénes se quedan y quiénes no.
“Sería una espada de Damocles sobre nuestro personal. Podría tener también algunas afectaciones, porque podría haber personal que pudiera decidir no seguir como una decisión de carácter personal”, alertó.
Finalmente, Murayama también adelantó que entre lo que podría controvertir el INE es el cargo de Jacobo Molina, quien fue nombrado para cumplir en su cargo por seis años, en 2020, pues la reforma plantea destituirlo.
