México se estancó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional y sumó 31 puntos de 100 posibles en la edición 2022 de este indicador.
Con esta calificación, el país se colocó en el lugar 126 de las naciones evaluadas, muy lejos de las que obtuvieron los mejores puntajes y al lado de Bolivia, Laos y Uzbekistán.
“Los países mejor evaluados en 2022 fueron Dinamarca (90 puntos), Finlandia y Nueva Zelanda (87 puntos), seguidos de Noruega (84 puntos), Singapur y Suecia (83 puntos). Los países peor evaluados fueron Siria y Sudán del Sur con 13 puntos, y Somalia, el peor calificado, con 12 puntos”, informó Transparencia Mexicana.
En 2020 y 2021, el país obtuvo el mismo puntaje (31) pese a que el combate a la corrupción es una de las principales banderas del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El índice es una medición que se lleva a cabo en 180 países, agrega datos de 13 fuentes de información de 13 instituciones distintas que recopilan percepciones de empresarios y expertos en materia de anticorrupción.
La calificación va de 0 a 100, en la que 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 es igual al más bajo.
“Entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición.
En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares”, señaló Transparencia Mexicana.
En 2019 y 2020, indicó, se percibía una tendencia positiva, sin embargo, esta se ha venido diluyendo ante la falta de resultados.
“La ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht o la Estafa Maestra, o los vinculados con el caso de Agronitrogenados en Pemex o de Segalmex, han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio”, consideró.
Además, añadió, cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral.
“Pese a que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, las grandes tramas de corrupción no han sido sancionadas; ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados”, señaló.
Entre las recomendaciones formuladas para México están aprovechar el Sistema Nacional Anticorrupción, recuperar los activos desviados, garantizar la reparación del daño a las víctimas, evitar abusos de la FGR e investigar y sancionar los casos internacionales.
“Es especialmente delicada la actuación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción transnacional: mientras que otros países sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales no avanzan en estos temas”, indicó.
