México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga desde mayo de 2022 el patrimonio inmobiliario de quien fuera el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra. El expediente, que se suma a otras acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, señala ahora que el exfuncionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública ser dueño de al menos siete casas y departamentos en Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco en el tiempo en que fungió como el abogado del presidente de México. El precio al que fueron adquiridas las propiedades, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es de 70,7 millones de pesos (3,7 millones de dólares). Estas nuevas revelaciones sobre el patrimonio inmobiliario del exconsejero presidencial se suman a la filtración, en octubre de 2021, de documentos que dieron cuenta de que también poseía un lujoso departamento de 1,2 millones de dólares en Miami a través de una estructura corporativa offshore.
La Fiscalía sostiene que Scherer, de 63 años, pudo haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, debido a que en una de sus propiedades inició una edificación nada más renunciar a la Presidencia de la República, el 1 de septiembre de 2021. EL PAÍS ha contactado a Scherer para conocer su versión. El abogado ha rechazado hacer aclaraciones sobre su patrimonio, pero ha afirmado que tiene todo en orden y que la investigación es parte de “la campaña” de la Fiscalía en su contra. “Este asunto es un episodio más de la campaña que se ha emprendido en mi contra para desacreditarme. Nada de lo que ahí se menciona [en la denuncia] tiene validez alguna, toda vez que se presentaron los documentos a tiempo y se actuó con total transparencia y legalidad. Desafortunadamente la política nos llevó a estas cosas. Lamento mucho que el señor Paulo Díez sea utilizado como un instrumento para dañar mi imagen y mi reputación”, ha dicho en un sucinto posicionamiento.
La FGR abrió la indagatoria a partir de una denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargari el 27 de mayo de 2022, a la que ha accedido este periódico. La carpeta de investigación fue turnada al fiscal especial de Control Competencial, Juan Ramos López, segundo al mando de la FGR y brazo derecho del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Esta es la tercera indagatoria en la que ha sido señalado el exconsejero presidencial tras su estruendosa ruptura con Gertz, a finales de 2021. Los tres expedientes están en manos de Ramos, a quien el fiscal general encomienda los casos políticamente más relevantes.
Personas de su entorno cercano han afirmado a este diario que Scherer transfirió las propiedades investigadas por la FGR a un fideicomiso “para sus hijos”. Se trata del fideicomiso Banorte número 750977, que fue creado el 28 de febrero de 2019, es decir, tres meses después de que el abogado fuera designado consejero jurídico del Ejecutivo Federal. En el expediente en poder de la FGR hay documentación que indica que, si bien se creó el fideicomiso en esa fecha, varios inmuebles no fueron depositados en él mientras Scherer aún era servidor público. En todo caso y según el expediente, aunque el abogado ya no sea el titular de algunas propiedades, su nombre aparece como fideicomisario, dejando una puerta abierta a la posibilidad de recuperar la propiedad de los bienes.
El exconsejero ya había sido involucrado directamente en otra carpeta de investigación de febrero de 2022 en la que la Fiscalía le acusó de haber aprovechado su cargo público —era nada menos que el abogado de López Obrador— para frenar sanciones del Gobierno a la compañía constructora OHL (ahora Aleática), con la que Scherer y familiares suyos tenían, según la indagatoria, conflictos de interés laborales y económicos. Esa indagatoria también se originó por una denuncia del abogado Díez Gargari y continúa abierta.
Existe una tercera investigación de la FGR de finales de 2021 contra un grupo de abogados con los que Scherer tuvo negocios en despachos privados antes de trabajar para el Gobierno federal. Aunque en ese expediente él no fue acusado directamente, la Fiscalía señaló que sus exsocios tenían acceso a información privilegiada y que hacían uso de sus vínculos con el entonces consejero presidencial para extorsionar y chantajear a empresarios, exfuncionarios y litigantes que estaban en la mira del Gobierno por corrupción. Un juez federal ya revisó el caso y, en una primera instancia, sostuvo que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para probar la responsabilidad de los abogados acusados, mucho menos la del propio Scherer. La FGR aún no cierra este expediente y puede volver a presentar el caso al juez.
