El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ser parte de la “mafia del poder” y de apoyar a la oligarquía, después de que la SCJN suspendiera por tiempo indefinido la entrada en vigor del plan B, una reforma electoral impulsada por el gobierno.
En un encuentro con medios de comunicación en Quintana Roo, el mandatario dijo que los miembros del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE) están en contra de los cambios porque “su único dios es el dinero” y pretenden seguir cobrando elevados sueldos.
López Obrador afirmó que los miembros de la SCJN son iguales a los conservadores que no quieren que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. Según él, no quieren al gobierno del pueblo, por eso no quieren la reforma electoral.
La SCJN admitió a trámite la demanda de controversia constitucional que interpuso el INE contra el plan B. La controversia corresponde ser analizada por el ministro Javier Laynez Potisek, que concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto.
La reforma Electoral propuesta por AMLO
La Reforma Electoral propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es un conjunto de iniciativas legislativas que buscan modificar la ley electoral y política del país para promover una mayor transparencia, participación ciudadana y democracia directa.
Entre las principales medidas propuestas se encuentran:
- La eliminación de los fideicomisos públicos que se utilizan para financiar proyectos culturales, científicos y sociales, entre otros, con el objetivo de combatir la corrupción y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera transparente.
- La creación de una figura de revocación de mandato, que permitiría a los ciudadanos pedir la destitución del presidente y otros funcionarios públicos si no cumplen con sus promesas de campaña o no actúan en beneficio del pueblo.
- La reducción del costo de las elecciones mediante la eliminación de los gastos en publicidad electoral, los cuales serán sustituidos por debates públicos y otros mecanismos de participación ciudadana.
- La creación de una nueva autoridad electoral autónoma, que reemplazaría al Instituto Nacional Electoral (INE) y que estaría encargada de organizar las elecciones y supervisar el financiamiento de los partidos políticos.
- La implementación de medidas para fomentar la igualdad de género y la inclusión de personas con discapacidad en la vida política del país, incluyendo la creación de cuotas para la participación de mujeres y personas con discapacidad en las listas de candidatos.
Estas propuestas aún se encuentran en proceso de discusión y que su implementación dependerá de la aprobación del Congreso y de la opinión de diversos sectores de la sociedad.
