El Comité de la ONU y el Relator Especial para los Derechos Humanos de los migrantes han expresado su preocupación por la muerte de 40 personas que fueron encerradas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. En una declaración conjunta, señalaron que estos hechos trágicos ocurrieron bajo la custodia de autoridades estatales y que las personas fallecidas y heridas fueron privadas de libertad en el marco de la implementación de la política migratoria.
El Comité de Naciones Unidas ya había expresado su preocupación en 2017 por el uso generalizado de la detención migratoria y las condiciones de las personas retenidas en estos centros, conocidos como “estaciones migratorias”. En aquella ocasión, recomendó desarrollar un plan de acción para asegurar que la detención migratoria sea una medida de último recurso y por el menor tiempo posible y garantizar condiciones dignas y adecuadas en los centros de detención.
En 2022, Naciones Unidas volvió a llamar la atención a México e instó al país a redoblar sus esfuerzos para mejorar las condiciones en los centros de detención, incluyendo cualquier forma de sanción, aislamiento o prácticas similares. En aquella ocasión, el Comité señaló la necesidad de prevenir abusos a los derechos humanos y de investigar con prontitud cuando estos ocurran, imponiendo las sanciones correspondientes y brindando medidas de reparación adecuadas a las víctimas.
El Comité y la Relatoría de Naciones Unidas exhortan al Estado a brindar la atención médica y psicológica necesaria para que los heridos puedan recuperarse lo antes posible. También hacen un llamado a México y otros Estados de la región para que respeten los derechos humanos de las personas migrantes, incluidos los solicitantes de asilo, cumplan con sus obligaciones bajo la Convención Internacional y cumplan con los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos en las fronteras internacionales.
Finalmente, el Comité y la Relatoría de Naciones Unidas han reiterado su interés en realizar una visita a México para entablar un diálogo constructivo con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros actores interesados. “Los Estados deben crear y ampliar canales regulares para la migración de personas vulnerables y garantizar los derechos a buscar y recibir asilo y a la no devolución”, señala la ONU respecto a la migración en la región. La investigación de estos trágicos hechos debe llevarse a cabo de manera pronta, exhaustiva e independiente, para que se haga justicia y se eviten futuras tragedias.
