Coatzacoalcos, México – Legisladores, dirigentes partidistas de oposición y organizaciones de la sociedad civil han expresado su fuerte rechazo a la reciente acción de expropiación de activos llevada a cabo por el gobierno federal en la empresa Ferrosur, perteneciente a Grupo México.
Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), calificó la toma de las instalaciones de Ferrosur por parte de la Marina como una pésima señal para el mundo y un duro golpe a la certidumbre, la inversión y el crecimiento económico. Cortés afirmó que este gobierno está otorgando un poder excesivo a los militares, convirtiéndolos en los verdaderos beneficiarios de la voluntad y los caprichos del presidente.
La senadora del PAN por Sonora, Lilly Téllez, acusó al presidente AMLO de utilizar a los militares para llevar a cabo expropiaciones. Ante las restricciones de información debido a la seguridad nacional, Téllez describió estas acciones como una forma de encubrir la corrupción de los mandos militares. “Expropiar es robar, y así comenzó Venezuela”, puntualizó.
Sociedad Civil México (SCM), una organización que busca conformar una candidatura opositora de unidad para las elecciones de 2024, también expresó su enérgico rechazo a las recientes medidas expropiatorias tomadas por el gobierno federal en Ferrosur, propiedad de Grupo México. En una carta dirigida a los líderes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, la organización destacó que estas acciones tienen un impacto negativo en el clima de negocios en México, dañando la percepción de riesgo de los inversores privados y afectando la imagen internacional del país como destino de inversión extranjera.
“Creemos firmemente que la expropiación de activos y operaciones de empresas privadas no constituye la solución adecuada para abordar los desafíos que enfrentamos”, expresó SCM en su comunicado.
Además de las críticas políticas y de la sociedad civil, algunos analistas también reprobaron la acción. Irene Levy, por ejemplo, consideró preocupante lo sucedido y resaltó que las fuerzas armadas tomaron las instalaciones de Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea, sin previo aviso, y publicaron un decreto de ocupación temporal sin plazo definido para ciertas instalaciones. “¿Qué sigue?”, se preguntó.
La expropiación de los activos de Ferrosur ha generado una gran tensión en el ámbito político y empresarial del país. Mientras el gobierno defiende estas medidas como necesarias para proteger los intereses nacionales, los críticos argumentan que socavan la confianza de los inversionistas y debilitan el estado de derecho y la propiedad privada. El debate sobre este tema continúa y se espera que las repercusiones de esta acción se extiendan en los próximos días.
