El Colegio de Abogados de México (INCAM) ha expresado su descontento y preocupación ante la reciente acción del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha emitido un nuevo decreto que contradice el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El fallo de la SCJN declaró la invalidez del acuerdo presidencial que declaraba las obras insignia del gobierno federal como de “interés público” y “seguridad nacional”.
El INCAM ha condenado enérgicamente esta acción, argumentando que pretender desconocer, ignorar o burlar la decisión del máximo tribunal del país socava el equilibrio constitucional y abre la puerta a la arbitrariedad, la violencia y la justicia por propia mano.
En un comunicado firmado por el presidente del INCAM, Arturo Pueblita Fernández, la asociación civil afirmó que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con su deber de salvaguardar la Constitución, tal como lo exige el artículo 87 de la Carta Magna.
El INCAM señaló con sorpresa que el Ejecutivo emitió un nuevo decreto en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, en el cual se declaraba nuevamente como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación y otras actividades relacionadas con el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; Chetumal y Tulum, Quintana Roo. Esta acción contraviene lo resuelto por la Suprema Corte.
El INCAM recordó que la reforma constitucional en materia judicial del 11 de marzo de 2021, específicamente el párrafo 12 del artículo 94, ordena expresamente reconocer la obligatoriedad de las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El respeto a la Constitución es fundamental para la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, según el INCAM, y es por ello que consideran su deber denunciar el grave riesgo que se corre al evadir el cumplimiento de las decisiones de los tribunales. Destacaron que el trabajo de los jueces permite vivir tranquilos y seguros frente al poderoso, protegiéndonos de la ley del más fuerte.
Por su parte, la organización Artículo 19 también se pronunció en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, argumentando que representa un desacato a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una afrenta al orden constitucional y una violación flagrante al derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana y el derecho de consulta previa e informada que deben regir en estos proyectos.
Artículo 19 destacó el aumento de las negativas de información en comparación con el gobierno anterior, lo que evidencia una estrategia de opacidad que niega de manera injustificada información de interés público. Además, señalaron la falta de un órgano como el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) para revisar las negativas de información por parte de las entidades públicas.
La ONG hizo un llamado a la Comisión Permanente del Congreso para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones y se cumpla con la designación de las vacantes pendientes en el Senado de la República, así como para que el INAI pueda ejercer plenamente sus facultades.
En respuesta a estas acciones, la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, consideró que el nuevo decreto es un reto a la ley por parte del presidente, además de ser una burla y un acto de cinismo para defender la corrupción en las obras del gobierno. Criticó la actitud revanchista de López Obrador y su falta de respeto hacia la ley, la Constitución y las instituciones.
