La juez federal Raquel Ivette Duarte Cedillo, del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ha determinado que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas suficientes para abrir un proceso penal contra los ocho militares acusados de desaparición forzada en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Con esta decisión, los miembros del 27 Batallón de Infantería permanecerán recluidos en la prisión militar del Campo Militar Número 1 mientras se lleva a cabo el juicio correspondiente.
“El Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca ha dictado formal prisión contra los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de #Ayotzinapa”, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
Los soldados procesados son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Estos ocho militares forman parte de una lista de 16 personas contra las cuales se emitió una orden de aprehensión el 13 de junio por el delito de desaparición forzada.
La acusación contra los militares se basa en el testimonio de un testigo protegido conocido como “Juan”, quien afirma que soldados de los Batallones 27 y 41 de Infantería, algunos de ellos identificados solo por apellido, formaban parte de la nómina del grupo criminal Guerreros Unidos, el cual se responsabiliza de la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014.
Inicialmente, las órdenes de captura contra los soldados fueron emitidas el 19 de agosto como parte de una causa penal que involucra a 83 acusados, la mayoría de ellos policías locales y funcionarios.
Posteriormente, el 14 de septiembre, la FGR solicitó al juzgado que se cancelaran 16 de las órdenes de captura contra miembros de los Batallones 27 y 41 de Infantería, las cuales fueron revocadas el mismo día.
Además, se retiraron las órdenes de captura contra cinco exfuncionarios estatales de Guerrero, incluyendo al exprocurador Iñaky Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
Los únicos militares para los cuales las órdenes de captura continuaron vigentes fueron el general brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27 Batallón; el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y el soldado de Primera de Infantería Eduardo Mota Esquivel, quienes ya se encontraban detenidos en el Campo Militar Número 1.
El 13 de junio pasado, la FGR cambió de opinión y solicitó nuevamente la aprehensión de los 16 militares, así como del juez de barandilla de Iguala, José Ulises Bernabé García, quien estaba en funciones la noche en que desaparecieron los estudiantes.
Hasta el momento, solo ocho militares se han entregado a las autoridades de la FGR, mientras que el resto continúa prófugo.
El militar de mayor rango que se encuentra evadido de la justicia es el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala.
