San Luis Potosí SLP.- El Ayuntamiento de San Luis Potosí incumplió con la Ley de Disciplina Financiera en la contratación de un crédito con Bansi por 150 millones de pesos, además de incurrir en una serie de irregularidades en el proceso, así lo refiere un documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con fecha de 27 de junio del presente año.
En dicho documento, la Coordinación de Deuda Pública de Entidades Federativas perteneciente a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (UCEF), señala irregularidades diversas, pues los recursos al ser destinados para infraestructura debieron ser registrados como deuda pública.
Aunque el Ayuntamiento de San Luis Potosí se ampara de que se trató de una deuda a corto plazo y que está liquidada, la Ley en Disciplina Financiera no lo permite de esta manera, puesto que tiene fines específicos que es atender temas de urgencia de liquidez no de obras de infraestructura, por lo que hay una responsabilidad hacia los funcionarios involucrados.
El informe de la SHCP señala que el Ayuntamiento de San Luis Potosí incumplió con la normativa pues no se buscaron las mejores condiciones del mercado financiero.
Otra de las irregularidades observadas por la dependencia federal es que debió considerarse al Congreso del Estado, de acuerdo con la Ley, el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, debieron autorizar los montos máximos a contratar, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago, lo que no ocurrió en este caso.
La dependencia federal encontró que el Municipio de San Luis Potosí tiene un crédito contratado con Bansi, y que en aclaración de dicha diferencia el Municipio manifiesta que realizó una cesión de derechos de cobro mediante un contrato de descuento de documentos al organismo operador de agua (Interapas), es decir, le trasladó ese adeudo.
Ante esta situación, la dependencia federal exhortó al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, sus Municipios y demás Entes Públicos del estado, a que se abstengan de celebrar convenios, contratos o cualquier otro instrumento jurídico, en el que se prevea la posibilidad de ceder los derechos de cobro, en favor de una institución financiera, ya que de manera indirecta están adquiriendo obligaciones de pago con una institución de crédito, sin apegarse a las directrices de contratación en materia de Deuda Pública.
